En línea con su filosofía de un Estado totalitario y en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el gobierno de la 4T planea apropiarse durante los siguientes años del negocio de las vacunas y deshacer una vez más sus compromisos con la iniciativa privada, lo que apunta nuevamente a un conflicto contractual de dimensiones internacionales.
La víctima en esta ocasión será la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur, de Fernando Sampaio, que desde hace más de 20 años tiene en su poder los contratos para suministrar vacunas de influenza al gobierno mexicano, y con el que la Secretaría de Salud Federal mantiene un contrato de Asociación Público-Privada para producir estos insumos biológicos en territorio nacional.
Ya han sido varios los señalamientos del subsecretario Hugo López-Gatell que confirma las versiones de la industria sobre que la 4T apostará por cancelar el contrato multianual con folio CENSIA-0030AD/2017, el cual garantiza que el Estado mexicano comprará al laboratorio francés por lo menos 15 millones de dosis anuales de la vacuna antinfluenza desde 2018 y hasta 2032.
Dicho contrato es lo que se identifica como el noveno convenio modificatorio del acuerdo firmado por la SSA y Sanofi Pasteur desde tiempos de Felipe Calderón, aquel que se negoció con el objetivo de que la empresa con participación mayoritaria del Estado, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México —conocida como Birmex—, fuera autosuficiente en la producción de esas vacunas.
El proyecto, concebido unos años antes de la repentina aparición del virus A(H1N1), contemplaba la instalación de manera conjunta de una fábrica de vacunas en el Estado de México, una obra que jamás pudo concluirse en el sexenio calderonista, a pesar de que la epidemia de influenza originada en el país desnudó a nuestro sistema de salud ante los ojos del mundo.
La administración de Enrique Peña Nieto retomó la construcción de la planta y a través de un nuevo acuerdo firmado en 2015 entre la entonces titular de Salud, Mercedes Juan, y el CEO de Sanofi Pasteur, Olivier Charmeil, se fijaron nuevos plazos para poner en operación las líneas de producción y para respetar la exclusividad en la compra de estos insumos al duopolio Birmex-Sanofi.
Finalmente, fue el 29 de diciembre de 2017 cuando el gobierno de Peña Nieto, a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), firmó el contrato que amarró las compras del sector público a la producción generada por Birmex en la planta de Sanofi, misma que en los nuevos plazos estaría plenamente operativa hasta 2024 en la zona de Cuautitlán Izcalli.
En números redondos, hablamos de un negocio asegurado para Birmex-Sanofi por 11 mil 250 millones de pesos a 15 años, según cálculos que se realizan a precios del mercado, pues la Secretaría de Salud se negó a transparentar los montos del contrato firmado entre el Censia y las productoras.
Fuentes de la SSA aseguran que López-Gatell y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no conciben que esa suma de dinero público pueda beneficiar a un laboratorio trasnacional, mucho menos cuando el despilfarro es resultado de una iniciativa de Felipe Calderón y su sucesor Enrique Peña Nieto.
De ahí que el ‘zar AntiCovid’ ya ha manifestado que la vacuna de Sanofi Pasteur tiene limitaciones e incluso ha reprobado que una sola empresa tenga el contrato exclusivo de suministros de salud.
Se espera que con el fortalecimiento estructural y legal de Birmex, la gran compradora de insumos de salud del Estado busque una mayor autonomía para deshacerse en el mediano plazo de los acuerdos del llamado periodo neoliberal.
Mario Maldonado
