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Hace (46) meses
Justicia ambiental
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Hay términos que explican la forma en que algunos abordamos la realidad, palabras que, dichas, expresan uno de los anhelos de nuestro hacer cotidiano. Hacer que se construye en el habitual desempeño de nuestro que hacer.

En muchas de las veces, los usamos dando por sentado que todas las personas al escucharlos los comprenden a cabalidad, sin embargo, no siempre sucede de esa manera. De hecho, algunos de los conceptos más comunes son en ocasiones inexplicables.

Tomemos por ejemplo el concepto de desarrollo sustentable, todos hablamos de él en alguno se ha convertido la panacea del futuro. De hecho, hoy se expresa en acuerdos internacionales, los objetivos del desarrollo sostenible. Hablar de él, es hablar de la esperanza en el futuro, ni más ni menos.

Sin embargo, este ya se había expresado con anterioridad, en más de una ocasión, en los objetivos de desarrollo del milenio. Ahí se expresaba la urgencia de lograr la sostenibilidad como condición para garantizar el futuro. Ya en 2015, vimos el necesario paso de una agenda a otra, la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible.

Un paso que marcaba la insuficiencia del hacer de la sociedad por lograr, no solo la sostenibilidad, sino también el abatimiento del hambre, la desaparición de la pobreza, entre otros buenos objetivos que se quedaron en el deseo, en la aspiración, en la búsqueda de ser mejores, según alguien, en algún lugar del mundo.

Pero el desarrollo sostenible, es un concepto que se usó antes, mucho antes, allá por la década de los 70, en el siglo XX. Resultado de una urgente necesidad de construir una respuesta frente a la devastación y el deterioro ambiental que se agudizaba de manera ineludible en los países del sur y el declive del estado de bienestar de los países desarrollados.

El Informe Brundtland, mejor conocido como Nuestro futuro común, aborda el concepto de desarrollo sostenible y trata de establecer una definición clara sobre el tema, aun cuando en el propio documento, este se aborda desde perspectivas que van de la necesidad de conservar los recursos naturales, hasta la demanda económica del desarrollo sin fin, misma que, posteriormente, en 1989, sería abordado en el Consenso Washington.

El concepto de desarrollo sostenible puede abordarse desde, al menos, dos perspectivas que resultan opuestas. Por un lado, de forma visible, se puede afirmar que es un oxímoron, por mientras que desarrollo es interpretado como crecimiento ilimitado, esto indica que no puede haber sostenibilidad en él, pues la demanda de recursos naturales, los que se constituyen en la materia prima de la producción, aumenta cada día.

El concepto, desde esta perspectiva, se puede considerar como abusado constantemente, ya que el cúmulo de definiciones e interpretaciones en torno a él, según J.R. Ehrenfeld, “destruye las raíces de la sostenibilidad”.

Por otro lado, se puede afirmar que el concepto de desarrollo sostenible es uno de los conceptos “políticamente correcto”, de hecho, su inclusión como elemento discursivo, puede traducirse en una de las posturas más avanzadas, dignas de ser reconocidas.

“Políticamente correcto” porque frente a él, cuando se dejan entrever las posibles dudas que su uso generan, es muy posible que quien lo haga, no salga bien librado de tal empresa.

Sin embargo, es de tener en consideración un hecho ineludible, los conceptos deben evolucionar y ajustarse a las nuevas realidades, a las nuevas formas de entender la realidad y abordarla desde el trabajo ambiental.

Esa es la otra parte del concepto de desarrollo sostenible, mientras que, en la mayoría de los casos, en los discursos gubernamentales y en las promesas de responsabilidad social de los grandes consorcios es, solamente, una parte del discurso que los inserta en las comunidades donde se encuentran, bastaría volver el rostro hacia algunos municipios de Hidalgo.

Y levantar la voz para denunciar la insostenibilidad del desarrollo en el estado, desataría por supuesto la descalificación del gobierno, señalando que no se logra comprender la importancia y la realidad del desarrollo sostenible.

Eso implica traer a colación, otro concepto, más difícil y, sin embargo, más fundamental cuando de bienestar de la gente se habla. Justicia ambiental, un concepto que tampoco es nuevo y que su origen está fuertemente vinculado al de racismo ambiental.

En el año de 1982, en la provincia de Warren, en Carolina del Norte, frente al intento del gobierno de instalar un vertedero de policlorobifenilos (PCB) se desata una de las oposiciones más sensibles y respaldada por diferentes grupos sociales, los que argumentaban que la decisión estaba basada en las características étnicas de los habitantes de la zona y en su condición de pobreza. Hecho que determinó, que el concepto de justicia ambiental se discutiera de manera más profunda

Miquel Ortega Cerdà al hablar del movimiento de justicia ambiental reconoce que en el año de 1991 se da “el segundo hecho destacable fue la primera reunión nacional de los grupos de justicia ambiental que habían trabajado hasta el momento separadamente. La llamada First National People of Color Environmental Leadership Summit; que tuvo lugar en Washington”.

Justicia ambiental es la demanda de las comunidades que se han visto devastadas en sus recursos naturales por los grandes consorcios en municipios del estado de Hidalgo. Que han visto cancelada la posibilidad de aniquilar la pobreza y alcanzar el desarrollo social, otra de las grandes ficciones del modelo económico impulsado en nuestro país.

Justicia ambiental es al final del día una de las metas de la lucha ambiental; justicia ambiental es una de las posturas más demagógicas de los gobiernos; justicia ambiental es una de las condiciones menos deseadas por aquellas empresas que reclaman ser socialmente responsables.

Marco Moreno

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