La madrugada del viernes pasado, sicarios que se identificaron a sí mismos como miembros de un grupo llamado Gente Nueva arribaron al bar Los Indios, ubicado en el municipio de Papantla, Veracruz.
En unos segundos recorrieron el lugar y abrieron fuego contra personas que se hallaban en ese sitio. “En el baño, a la vieja en el baño”, “Papantla ya tiene dueño, pura Gente Nueva” y “Venimos por todos los chapulines”, se escucha en una grabación subida por los asesinos horas más tarde.
La incursión a Los Indios dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.
El sábado 6, elementos de Seguridad Pública habían hallado bolsas negras con dos cabezas humanas en diferentes lugares del centro de Papantla. Según testigos, cuatro hombres las habían arrojado. Más tarde aparecieron en otra calle más bolsas: contenían extremidades humanas. Una de las víctimas fue identificada como Andrea N, hija de un policía ministerial de Papantla. Se supo que las dos víctimas habían sido extraídas por la fuerza de un bar de la calle Juan Enríquez.
Dos días más tarde fueron hallados más restos humanos.
Esta vez, en cubetas de plástico que fueron abandonadas en la comunidad de Agua Dulce y sobre la carretera que va de Papantla a Río Claro.
A principios de año, un hombre que se identificó como Comandante Sierra anunció la llegada del Cártel Jalisco a los límites de Veracruz y Oaxaca. “No se permiten bolsas sin sello de nuestra empresa, nadie trabaja por su cuenta, apoyamos a quien está firme con nosotros y a los que no se los va a cargar…”, anunció en un video.
Meses antes, documentos de la Secretaría de la Defensa filtrados por el colectivo Guacamaya revelaron la operación de seis grupos criminales en Veracruz. En el 70 por ciento del estado, según un informe de inteligencia militar, opera el Cártel Jalisco, que paga cuotas y recibe protección de los tres órdenes de gobierno. En la entidad operan también los Zetas Vieja Escuela, el Cártel del Noreste, el Cártel del Pacífico, el Grupo Sombra, Los Pelones, así como una constelación de células independientes.
Estos grupos disputan el trasiego de drogas, el robo de hidrocarburos, el secuestro, la extorsión, el robo a transporte de carga, el robo de vehículos, el abigeato, el narcomenudeo y el tráfico de indocumentados.
En los primeros días de 2023, ataques simultáneos ejecutados de madrugada en bares de Coatzintla y Poza Rica —El Cafre, Molino Rojo, El Manguito— dejaron ocho muertos. El gobierno de Cuitláhuac García anunció varias detenciones. Más tarde se supo que la mayor parte de los detenidos en realidad eran halcones.
Por esos mismos días fueron asesinados el alcalde de Rafael Delgado y el tesorero de Tezonapa; por esos días, sicarios se enfrentaron con policías en Córdoba, durante un tiroteo que dejó cuatro muertos.
Los ajustes de cuentas entre grupos criminales cobraron seis víctimas el 24 de enero de este año, cuando un jefe de plaza del Cártel Jalisco que operaba al norte de Veracruz —Fernando Pérez Vega, el Pino— fue ejecutado al lado de su familia.
Según las investigaciones, el Pino había ordenado el secuestro de la familia de un jefe de plaza rival, que actuaba también en la zona norte. En represalia por ese secuestro, se decretó la ejecución de Pérez Vega y todos los miembros de su familia.
En marzo decapitaron en la sierra de Papantla al extesorero de Coxquihui y repartieron sus restos entre una vivienda y un Tsuru blanco.
En agosto de 2019, 31 personas fueron quemadas vivas en el bar Caballo Blanco, de Coatzacoalcos. Diez más, algunas con el 90 por ciento del cuerpo lesionado, fueron llevadas de emergencia a diversos hospitales. Los sicarios habían rociado el bar con gasolina y cerrado la salida de emergencia. El gobierno de Cuitláhuac García y el presidente López Obrador culparon a un sujeto apodado La Loca, quien más tarde negó en un video haber participado en los hechos. Tiempo después se detuvo a un sujeto conocido como El Comandante Meca, a quien se responsabilizó de los hechos.
La violencia crece en Veracruz. Causa en Común colocó a este estado en el primer lugar en víctimas de atrocidades cometidas durante 2022 (mil 166 entre enero y octubre).
Solo en tres meses de 2023, esa organización ubicó a 716 víctimas de atrocidades en Veracruz.
“Es una herencia que nos clavaron gobiernos anteriores”, ha dicho una y otra vez, en el quinto año de su gobierno, el gobernador Cuitláhuac García, quien este fin de semana, mientras se llevaba a cabo la ejecución en un bar de Papantla y mientras los grupos criminales aplastan la vida de miles de veracruzanos, encabezó con un grupo de acarreados una protesta frente a la Suprema Corte de la Nación, en la Ciudad de México.
García arremetió contra ministros y jueces. El presidente López Obrador agradeció el gesto llamándolo “un extraordinario gobernador” y palmeándole la espalda por haber “convocado” a la protesta.
“¡Se van a ir primero ustedes!”, les gritaba García a los ministros, mientras la realidad presentaba, en Veracruz, sus otros datos: 12 masacres en lo que va del año, y un rosario de muertes, torturas, desmembramientos, secuestros, robos, extorsiones y ejecuciones.
Todo, según los papeles de Guacamaya, con protección “de los tres órdenes de gobierno”.
