A principios de febrero, a las puertas de una taquería ubicada en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, apareció pegado un letrero: “Este negocio ha sido cerrado porque me quisieron matar a mí y a mi familia por un grupo que opera en la zona”.
El negocio había sido balaceado días atrás. Al propietario le habían exigido el pago de una cuota mensual que se negó a entregar. El mismo día se reportó que en la comunidad El Porvenir “había cadáveres regados”. La policía halló cuatro cuerpos “en pedacitos”.
Ese mes hubo en Acapulco 30 ejecuciones. Se sumaron a las 34 que habían ocurrido en enero. La cifra aumentó con otras 35 registradas en marzo, un periodo en el que, entre otros hechos atroces, se recibió el aviso de que en la Zona Diamante habían abandonado un taxi con una cabeza humana en el cofre y dos cartulinas a las que sujetaba el limpiaparabrisas. Contenían un mensaje dirigido al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA): “La plaza tiene dueño”, entre ellos, al jefe de sicarios de esa organización criminal Eder Parra. La firmaba un tal Comandante 18.
El reguero de cadáveres que hubo en abril fue escalofriante. Entre el 22 y el 30 sucedió todo esto: tres jóvenes fueron acribillados en la Costera, a las puertas de un bar. Tres personas más fueron halladas en la cajuela de un taxi abandonado en la carretera a puerto Marqués: las habían torturado y les habían metido un tiro en la cabeza.
Un inmueble fue quemado con una persona en su interior. Asesinaron a tiros a un vendedor en Caleta, a las puertas del restaurante La Cabaña, y balacearon a un turista en playa Icacos para robarle 90 mil pesos. La tarde en que esto ocurrió, otras dos personas fueron acribilladas en Caleta, frente a cientos de bañistas que huyeron horrorizados.
Esa tarde fue asesinada en su puesto del bulevar Vicente Guerrero, de tres tiros, la hermana de Roberto de la Cruz, exvocero de los 43.
En el poblado La Venta, cinco hombres fueron hallados en un Nissan blanco. El auto fue abandonado en la madrugada, con una cartulina que firmaba también “18 CMDTE”.
Acapulco había comenzado el año como el número 10 entre los municipios más violentos del país. Al terminar el primer trimestre, estaba ya en el puesto número seis.
En enero habían llegado al municipio 600 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. En marzo fueron movilizados 150 elementos más. La escalada de violencia y los baños de sangre, sin embargo, no cesaron.
Acapulco está hundido en una estela de ejecuciones, secuestros y extorsiones a transportistas, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios. Decapitados en las calles, asesinatos en las playas, quema de negocios y de vehículos del transporte urbano integran la diaria realidad de los habitantes del puerto.
“Díganme, ¿dónde está la alarma de violencia? La alarma de violencia la ponen los medios”, declaró la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en el mejor estilo lopezobradorista, tras la quema de la legendaria Baby’O en octubre pasado.
A fines de abril, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, reconoció que todo se había desbordado y prometió afinar su estrategia de seguridad.
Ese mes cerró con 52 asesinatos: más de 150 en el primer cuatrimestre de 2022.
La violencia arreció cuando el año pasado un juez federal dejó en libertad, por buena conducta, al líder del CIDA, Félix Alejandro Magno Acevedo, detenido en 2016 y quien había sido condenado a ocho años de prisión.
Según reportes federales, este jefe criminal volvió para recuperar Acapulco, en donde el infierno no solo ha vuelto a desatarse a pesar de la presencia militar: ahora las llamas corren descontroladas en un municipio que en solo 90 días avanzó cuatro lugares en el ranking de los municipios más peligrosos de México.
