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Hace (10) meses
La democracia incluyente rumbo al 2024
Guillermo Corrales
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La democracia mexicana, como sabemos, se encuentra en constante evolución. Uno de los grandes logros de los últimos tiempos ha sido la implementación de acciones afirmativas que han tenido como propósito abrir los espacios de participación política a grupos sociales de atención prioritaria.

Estos sectores de la población son las mujeres, las personas con discapacidad, jóvenes, las menores de 30 años, las pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Estos grupos, además de ser históricamente discriminados, habían visto el quehacer político desde la barrera, desde la lejanía de una sociedad que no garantizaba su participación.

Esto si bien ha sido un logro para contar con espacios de participación política para estas personas, lo cierto es que falta mucho por hacer. Los grupos de atención prioritaria deben ser contemplados por las autoridades electorales para seguir implementando acciones afirmativas que garanticen su participación en política, su postulación y eventualmente, desde luego, su integración y acceso a los cargos públicos.

Estos esfuerzos de inclusión y garantía nacieron en la democracia local, es decir, desde las propias entidades federativas y sus instituciones electorales, siendo la garantía de los derechos de participación de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas una de las primeras acciones implementadas. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el acercamiento, lucha y participación de las propias personas pertenecientes a estos grupos de atención prioritaria.

Así, llegaremos a 2024, cuando elegiremos la presidencia de la República, las cámaras de diputaciones federales y senadurías y, a nivel local, los 84 ayuntamientos y las 30 diputaciones locales. De esta manera, debemos ver a las acciones afirmativas ya implementadas en Hidalgo en procesos electorales locales anteriores como un derecho adquirido para estos grupos sociales.

Sin duda, Hidalgo en varios de estos tópicos ha sido un referente nacional, no solo desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), sino también desde el propio Congreso del estado, que ha tenido la convicción de buscar los caminos para materializar en el marco jurídico electoral estos esfuerzos que en mucho contribuyen al desarrollo democrático de nuestra entidad.

A partir de estas consideraciones es que reitero la importancia de que los grupos de atención prioritaria sigan formando parte del proceso de desarrollo político y electoral del estado. Su participación en los procesos electorales legitima los esfuerzos institucionales de darle a la ciudadanía elecciones más justas e incluyentes.

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