El llamado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el martes desde el Senado, para que la oposición acepte negociar y “construir” en nuevos términos la reforma constitucional que amplíe la presencia del Ejército en seguridad hasta 2028, surtió efecto y ayer se comenzaron a acelerar los acuerdos y entendimientos que ya se habían avanzado en los últimos días entre Ricardo Monreal y senadores del PRI, PAN, PRD y MC. Se trabaja en una nueva redacción del Artículo 5o. Transitorio, que incorpora mecanismos de evaluación y supervisión civil al Ejército, tanto desde el Congreso como de organismos internacionales y presupuesto anual para crear y fortalecer policías civiles en toda la República.
La aceptación por parte de Adán Augusto de que hay “total disposición” desde el gobierno federal para rehacer la iniciativa de reforma que se atoró la semana pasada por falta de mayoría calificada e introducir propuestas y controles a la labor del Ejército en seguridad civil por parte de las bancadas de oposición en el Senado, hizo que se retomaran algunos planteamientos y redacciones que ya se habían presentado la semana pasada por parte de opositores, pero que ya no pudieron conocerse ni votarse porque Morena decidió suspender la sesión por el temor a perder la votación constitucional.
Lo que acordaron el martes, en su reunión los coordinadores del Senado en la Junta de Coordinación política fue hacer “una nueva propuesta que modifique por completo el artículo 5o. Constitucional”, la cual está siendo trabajada con aportaciones de todas las bancadas y el próximo viernes puede ser presentada en la Jucopo y si ahí la aprueban todos los partidos, se enviaría al secretario de Gobernación para que la consulte con el presidente; el lunes se reunirían los coordinadores con Adán Augusto para revisar y negociar los términos finales y el próximo martes se convocaría a sesión para reponer el procedimiento y someter a votación la nueva reforma constitucional al 5o. Transitorio ya con el consenso de la oposición y el oficialismo.
En la nueva redacción del artículo 5o. Transitorio, que está siendo consensuada, se busca modificar y enriquecer la actual estrategia de seguridad del gobierno federal, a partir de las nuevas condiciones que regirían la actuación del Ejército en las calles hasta el año 2028. Se incluyen propuestas de todas las bancadas y entre los puntos que se negocian aparecen: 1.- Un mecanismo de supervisión y evaluación para la actuación del Ejército, en el que participaría un comité civil integrado por expertos en seguridad de la sociedad civil, que se encargue de revisar los resultados y avances de la estrategia de seguridad. 2.- Más dinero y presupuesto a las Policías estatales y municipales con asignaciones programadas. 3.- Supervisión de organismos internacionales sobre el trabajo de las fuerzas armadas. 4.- Obligación de los militares de acudir ante el Congreso a comparecer y explicar las acciones realizadas en seguridad, a partir de evaluaciones semestrales y vinculatorias que realizarían las comisiones especializadas del Congreso de la Unión. El informe que resulte de la evaluación tendría que ser atendido y acatado por los militares, que estarían obligados a corregir las fallas que se les señalen. Y 5.- Concentrar a las Fuerzas Armadas, estrictamente en los estados que sea necesaria su presencia y en el resto de los estados seguir fortaleciendo la formación y consolidación de policías civiles municipales y estatales.
Incluso, entre los senadores de la oposición se habla de una propuesta que les comentó el mismo general secretario, Luis Cresencio Sandoval, quien propuso incluir en el artículo 5o. transitorio el funcionamiento de un “semáforo de violencia y seguridad en los estados de la República” que indique la gravedad de la situación de cada entidad: el rojo requeriría la presencia obligada del Ejército, el amarillo una presencia moderada y el verde, un estado en donde ya no fuera necesaria la presencia militar, pero sí la de las policías civiles que se deben fortalecer y capacitar.
Todas esas propuestas suenan muy bien y hay disposición tanto de Morena como del gobierno a discutirlas e incluirlas en una nueva redacción de la reforma militar. El único problema que podría dar al traste con la negociación que se lleva a cabo en el Senado es que el presidente ya tiene su agenda y la idea de hacer una consulta popular, sobre la presencia del Ejército hasta 2028 y el desempeño de la Guardia nacional, parecen más una estrategia política y electoral, porque con la bandera de promover de ese “ejercicio de participación ciudadana”, aunque no fuera legal ni vinculatoria, López Obrador podría recorrer en las próximas semanas todos los estados, incluidos Coahuila y el Estado de México, donde habrá elecciones el próximo año, en una campaña en la que además participarían el Ejército y sus generales.
El proselitismo presidencial de esa “consulta” podría torpedear y evitar que se llegue a un acuerdo con la oposición en el Senado, que ha cuestionado la viabilidad de lo que propone López Obrador; pero además, lo más peligroso, es que al hacer propaganda política con la imagen del Ejército como institución, el presidente estaría dándole a los militares un nuevo rol político, algo sumamente delicado y peligroso para la democracia mexicana, sobre todo cuando las Fuerzas Armadas ya acumulan tanto poder, actividades civiles y presupuesto económico en este gobierno.
Veremos, pues, qué es lo que finalmente se impone en el tema prioritario para este gobierno, como es garantizar la constitucionalidad de la presencia y actuación militar en la seguridad pública: si gana la “total disposición” de llegar a acuerdos con la oposición para hacer mayoría calificada y cambiar la redacción de la reforma constitucional; o si gana la vena política del presidente que ya se vio pregonando por toda la República, en una campaña como las que tanto le gustan, las bondades de su “ejercicio de consulta al pueblo” sobre la permanencia del Ejército en las calles.
NOTAS INDISCRETAS… La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso anoche fin a presiones, rumores y especulaciones al validar, por unanimidad de los 7 magistrados electorales la elección para gobernador de Tamaulipas realizada el pasado 5 de junio. No se acreditaron, dijeron los magistrados al aprobar de manera unánime el proyecto de sentencia de su compañero José Luis Vargas, “las denuncias de violencia generalizada e intervención del narcotráfico en los comicios tamaulipecos”, tal y como lo denunció el PAN en su recurso de impugnación en el que pedía declarar la nulidad de esa elección. Pero además, ante la fuerte polémica y el debate que se suscitó ayer en el Senado, sobre la petición de regreso que hizo el senador Américo Villarreal, quien un día después se desistió y dijo no querer volver a ocupar su escaño, los magistrados del Trife incluyeron también en su sentencia un punto en el que aclaran que la reincorporación del senador Villarreal no infringe ninguna norma por lo que “no hay impedimento legal alguno para que el gobernador electo tome posesión del cargo el próximo 1 de octubre” en la gubernatura de Tamaulipas. Así, con una decisión interna de cerrar filas y no dividirse en una votación que hubiera provocado un cisma y hubiera afectado al Tribunal, ante el embate y las presiones desde la Presidencia, los 7 magistrados pusieron punto final a una discusión que llevó meses y en la que hubo filtraciones, acusaciones internas y denuncias de vinculaciones y presiones desde el gobierno de Cabeza de Vaca al Tribunal. Es decir que a Américo Villarreal ya le volvió el color y ya se le puede pasar el miedo que lo puso tan nervioso y lo llevó a trastabillar y a meter en un aprieto constitucional al Senado y a la bancada de Morena; mientras que el panista Francisco García Cabeza de Vaca, ya puede empezar a rezar o bien a preparar su huida, ante lo que le espera a partir del 1 de octubre: por un lado, la posibilidad de que la FGR retome la denuncia por delitos federales en su contra y le solicite una nueva orden de aprehensión que, ya sin fuero, podría ser ejecutada sin problema; y por otro lado las nuevas acusaciones e investigaciones por corrupción en el estado que ya le tiene preparado el nuevo gobernador Villarreal. A ver si Cabeza no hace valer su doble nacionalidad y se fuga a los Estados Unidos… Se lanzan los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.
