“Mejor tomemos un café. Eso no te lo puedo decir por aquí”, me dice un alto funcionario de seguridad.
¿Cuántos periodistas hemos escuchado una frase semejante como si se tratara de la cosa más natural del mundo?
Desde hace tiempo, ya perdí la cuenta de cuánto, he notado que políticos y funcionarios con los que me reúno buscando información sobre algún tema, se sientan sobre sus teléfonos a fin de apagar las voces de la conversación.
“Así agarraron a Alito” –me dice uno de ellos–. “Activaron el micrófono de su teléfono a control remoto y estuvieron escuchando durante meses no solo sus llamadas, sino también las conversaciones que tenía cuando no estaba usando el teléfono”.
Se refería a los audios y los mensajes que exhibieron al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hablando de sus autos de lujo y de pagos millonarios; orquestando campañas negras y poniéndose de acuerdo, por ejemplo, para llevar a cabo movimientos entre el sector farmacéutico y algunos gobernadores.
“Más de 80 horas de conversaciones y 43 mil mensajes”, se ufanó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Un espionaje sistemático que se extendió a lo largo de varios meses y que luego fue exhibido públicamente hasta con júbilo: con la misma naturalidad con que hoy los funcionarios se sientan sobre sus celulares o indican, ante una pregunta, que “esto no te lo puedo decir por aquí”.
En marzo pasado se filtró una llamada telefónica entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y su brazo derecho, el fiscal Juan Ramón López.
La llamada fue subida a Youtube por manos anónimas. Revelaba que Gertz Manero había accedido indebidamente a un proyecto de la Suprema Corte a través del cual quedaría en libertad la señora Alejandra Cuevas, acusada por el propio fiscal general del homicidio de su hermano, Federico Gertz.
Gertz se quejaba de que el ministro Pérez Dayan no había puesto en el proyecto “lo que dijo que iba a ponerle… Le valió madres, ¿eh?”.
Se siguieron divulgando llamadas del fiscal general que, al igual que en el caso de Alito, probaban diversos delitos.
Se comprobó más tarde que el fiscal era espiado desde el teléfono de su casa y se dijo que la intervención pudo haber durado un periodo más amplio que el de las llamadas filtradas (y que se llevaron a cabo el 22 de febrero).
¿Quién pudo atreverse a intervenir el teléfono de Gertz y, sobre todo, por qué la FGR no ha sido capaz de descubrir su identidad?
En el Senado, para nadie es un secreto que Ricardo Monreal y personajes cercanos están intervenidos y que todas sus conversaciones y mensajes de texto pasan a formar parte del expediente que se le está armando al zacatecano.
El senador Germán Martínez, miembro del Grupo Plural y director del IMSS hasta que manifestó en una carta su desacuerdo con la manera en que la 4T decidía y manejaba el presupuesto del Instituto, es otro de los personajes “monitoreados” y sometidos de manera sistemática a espionaje político.
Según funcionarios del propio Palacio, Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, también es “monitoreada” desde que se reportó su acercamiento con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y se informó de la posibilidad de que, llegado el momento, se sumara al equipo de campaña de esta. De acuerdo con esa información, hay un robusto archivo que contiene las intervenciones telefónicas realizadas a la exfuncionaria.
Hace unos meses, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, comprobó que la Sedena había sometido a espionaje (al menos) a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos, cuyos teléfonos habían sido infectados con Pegasus.
El columnista Raymundo Riva Palacio ha revelado, asimismo, que tanto él como los periodistas Carlos Loret y Salvador García Soto, así como el que esto escribe, hemos sido sometidos a espionaje por parte del actual gobierno.
¿Quién espía? Está comprobado que la Sedena lo ha hecho a través del software Pegasus (aunque el presidente asegura que no es espionaje, sino “inteligencia”). No existen dudas de que otra parte del “monitoreo” procede del Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo Cisen.
Pero en círculos de seguridad se habla cada vez más fuerte de una casa ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco en la que hoy se lleva a cabo el seguimiento “a toda persona de interés”.
¿Del interés de quién?
“Eso no te lo puedo decir por aquí”. Es la frase que pronuncian los funcionarios de un gobierno que asegura que el espionaje político es cosa del pasado.
