Fracasó el viernes pasado lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una acción inédita y valerosa del gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país”.
La supuesta “acción inédita y valerosa” nunca tuvo la menor oportunidad de tener éxito, tal y como lo señalé en este espacio el 6 de agosto de 2021, porque los abogados de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no leyeron o entendieron lo que ordena la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (Protection of Lawful Commerce in Arms Act o PLCAA) que fue aprobada por el Congreso estadounidense en octubre de 2005 y promulgada ese mismo mes por el presidente George W. Bush.
La acción “inédita y valerosa” fue la demanda que el gobierno mexicano presentó el 4 de agosto del año pasado ante un tribunal federal en Boston, Massachusetts, en contra de estos fabricantes de armas: Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt, Glock, Sturm, Ruger & Co, y Witmer Public Safety/Interstate Arms.
En su demanda, el gobierno de AMLO argumentó que las prácticas comerciales de estas empresas son negligentes e ilegales y contribuyen al tráfico de armas a México que al ser utilizadas por la delincuencia han causado estragos, entre ellos cientos de miles de muertes. Por estos estragos el gobierno pedía que las demandadas pagaran una compensación de 10 000 millones de dólares.
Desde un principio la demanda fue calificada de inusual por los expertos estadounidenses que pronosticaron, con razón, que fracasaría en vista de que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas establece que su propósito es “Prohibir las acciones [legales] contra los fabricantes, distribuidores, comerciantes e importadores de armas de fuego o municiones y sus asociaciones comerciales, por el daño causado únicamente por el uso indebido del arma de fuego delictivo o ilegal, productos o municiones de terceros cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto…”.
En el primer párrafo de la ley se anota que: “Empresas en los EEUU que se dedican al comercio interestatal y extranjero a través del diseño, fabricación, comercialización, distribución, importación o venta al público legal de armas de fuego o municiones que se han enviado o transportado en el comercio interestatal o extranjero, no son y no deben ser responsables por el daño causado por aquellos que de manera criminal o ilegal hacen un mal uso de productos de armas de fuego o municiones que funcionan como están diseñados y previstos”.
La demanda, que más que inédita y valerosa fue frívola, fue desechada el viernes por el juez federal Dennis Saylor, quien en su sentencia escribió que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por el mal uso de sus productos y que “si bien la Corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”.
El 7 de agosto del año pasado escribí aquí que “En EU el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una aventura legal que no tendrá un buen final”.
