A pesar de que en la Fiscalía General de la República existen por lo menos tres denuncias contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con elementos suficientes para imputar delitos como lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada, los Ministerios Públicos de Alejandro Gertz Manero decidieron sustentar la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados con sólo una operación: la venta de un departamento en la zona de Santa Fe.

Esto podría facilitar la labor del abogado Alonso Aguilar Zinser, quien en el proceso de defensa tendría únicamente que justificar que los 42 millones de pesos que ingresaron a las cuentas de Cabeza de
Vaca, y que se dispersaron entre sus familiares, provienen de la enajenación de ese inmueble ubicado en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, en la capital del país.

Ante este escenario, es probable que observaremos un largo proceso de desafuero, con buenos dividendos políticos para la 4T en materia electoral, pero cuyo resultado, aun si la mayoría de Morena logra retirar la protección constitucional, será muy probablemente una victoria judicial del mandatario tamaulipeco, quien no tendría siquiera que aclarar el origen de los recursos con los que compró de manera previa ese lujoso departamento.

En el cajón de la FGR se quedaron las denuncias presentadas por la UIF, de Santiago Nieto. La primera fechada el 28 de julio de 2020, depositada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la segunda interpuesta en la misma ventanilla el 27 de noviembre de 2020, y la tercera ingresada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción apenas el 22 de enero de 2021.
En el primer documento, de acuerdo con fuentes ministeriales, se narra una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con Cabeza de Vaca, que serían constitutivas del delito de lavado de dinero. Se incluyen, por ejemplo, operaciones millonarias de presuntos socios del gobernador, identificados como Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano.

Además de los familiares más cercanos al mandatario estatal, entre ellos su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, se enlista en la denuncia ante la Seido a personas morales como las compañías Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, SPR de RL; T Seis Doce S A de C V; Bluelimit Comercial, S A de C V, e Inmobiliaria RC de Tamaulipas, S A de C V; todas involucradas en posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La segunda denuncia acredita posibles delitos de defraudación fiscal, puesto que en 20 años de carrera política el panista ha acumulado ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos, mientras que los ingresos que ha reportado como funcionario público apenas rebasan 21 millones.

En específico, las autoridades localizaron 20 inmuebles que están a nombre de Cabeza de Vaca y de sus familiares en México y en Estados Unidos, además de ocho empresas registradas también en territorio estadunidense, en las que el gobernador o alguno de sus familiares forman parte de los consejos de administración.

También hay una denuncia interpuesta apenas este año ante la llamada Fiscalía Anticorrupción, conectada con la carpeta FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, en la que se investigan los presuntos sobornos que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a un grupo de legisladores panistas con motivo de la aprobación de la Reforma Energética.

Mario Maldonado