Desde hace varias semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja a contrarreloj para judicializar todas las carpetas relacionadas con personajes encumbrados en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De cara a las elecciones del próximo 6 de junio y en medio de la terrible crisis sanitaria y económica, en la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero tienen listos los expedientes de por lo menos una decena de personas de “alto nivel” relacionados con los escándalos de Odebrecht, Emilio Lozoya, Juan Collado, los multimillonarios depósitos en Andorra y la estructura legal-financiera utilizada en el gobierno de Peña Nieto para extorsionar a empresarios y políticos por igual.

La extradición del empresario Alonso Ancira forma parte de la agenda de la FGR para llamar a cuentas a personajes poderosos ligados a temas de corrupción en las últimas dos administraciones. Sin embargo, este asunto, como lo adelantamos el jueves pasado, estaba arreglado desde el principio: el exdueño de Altos Hornos de México llegó con un acuerdo reparatorio que incluía que se retiraran los cargos en su contra: fraude fiscal, corrupción y blanqueo de capitales.

El caso de Emilio Lozoya es el que más problemas está causando a la Fiscalía. El exdirector de Pemex no ha podido aportar pruebas que sustenten sus denuncias, por lo que aun cuando hay otras carpetas contra exlegisladores panistas y priistas que aprobaron las reformas estructurales, “atrapar” a los “peces gordos” de los gobiernos pasados se ha convertido en una tarea casi imposible.

En este sentido fue que se cometió el error, en octubre pasado, de intentar girar orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien se le pretendía juzgar por traición a la patria, pero el expediente no pasó la prueba del ácido.

La semana pasada, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial sendas órdenes de aprehensión contra dos integrantes del llamado clan de Los Betos, integrado por Humberto Castillejos, exconsejero Jurídico de la Presidencia de la República; Alberto Bazbaz, titular de la UIF en la administración anterior, y Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la desaparecida PGR.

Se pretendía que los dos primeros, Castillejos y Bazbaz, fueran vinculados a proceso por los deli-
tos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, pero al igual que con Videgaray los expedientes no se integraron bien.

En el caso de Los Betos el trabajo de la FGR no alcanzó siquiera para la presentación ante instancias judiciales.

Sobre Castillejos y Bazbaz pesa una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto por actos de corrupción, relacionados con la operación de una red que extorsionaba a particulares a través del mecanismo de bloqueo de cuentas.

Ambos personajes habrían aprovechado esta oficina para exigir dinero a personas físicas y morales bloqueadas, a cambio de cambiar su estatus en el sistema financiero y, de paso, limpiar el historial de
sus operaciones.

En las diferentes pesquisas se ha detectado que esta red delictiva se habría extendido a la PGR, en donde operaba Elías Beltrán. Diversos testigos aseguran que las peticiones de dinero no solo se hacían para conseguir el descongelamiento de activos financieros, sino para desaparecer expedientes en vías de judicialización.

La falta de resultados en la FGR pone contra las cuerdas al fiscal, quien enfrenta la presión del presidente, organizaciones sociales y defensores de la 4T. También queda en posición comprometida el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ante la falta de peces gordos apunta a ser el único que podrá ser llevado a prisión.

Mario Maldonado