La Federación Nacional del sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt), fundada en 2020 por los Sindicatos de los Centros Públicos de Investigación (CPI), han elaborado un plan de acción encaminado a promover los intereses de los trabajadores del sector de ciencia y tecnología. Es el caso que se pretende el cambio del apartado A al B de sus trabajadores, se ha buscado visibilizar ante la opinión pública nacional el problema en el cual quedarían los trabajadores académicos que producen conocimiento científico en México”.
“Sin embargo, la Federación, se ha encontrado con la imposibilidad de elaborar una agenda de discusión, más allá de oponerse genéricamente al cambio de apartado, porque la controversia que admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se ha hecho pública a tal grado que nadie sabe quién la presentó ni cuál es la tesis que pretende justificar. A la par de esta situación, la discusión del caso se ha reprogramado dos veces en segunda sala de la SCJN, pero con el agravante que sigue sin aparecer, por lo menos, una versión pública”, así lo afirmó en exclusiva el dr. Martín López Ávalos, secretario de actas, acuerdos y organización de la Asociación de Personal Académico del Personal Académico de El Colegio de Michoacán.
“La Fenasscyt se ha reunido en foros y solicitudes escritas ante las comisiones de las Cámaras de Diputados y del Senado de la Republica, con quienes ha intercambiado información, donde se advierten las consecuencias negativas que afectarían los derechos laborales y sociales, adquiridos y reconocidos, por los Contratos Colectivos de Trabajo, además de colocar en una situación de desventaja jurídica a todos los trabajadores del sector de ciencia y tecnología, empezando por la inestabilidad en el trabajo el cual deja de ser regulado por los reglamentos internos que validan la carrera académica, como son los Estatutos de Personal Académico.
“Estos han permitido que los trabajadores que dedican su vida profesional a la investigación y formación de otros científicos cuenten con una especie de servicio civil de carrera que ha proporcionado estabilidad y reglas claras. Con el cambio de apartado del A al B, los profesores investigadores se convertirían en personal de confianza, con lo cual pierden derechos adquiridos (como el derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo) y precarizan sus condiciones laborales al definirse unilateralmente por una autoridad central (Secretaría de Hacienda) que carece de parámetros para regular mínimamente al sector científico y tecnológico del país”, explicó Martín López, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Desde 1996, la SCJN, se ha pronunciado a favor de que los trabajadores contratados en el sector público descentralizado sean regulados en sus relaciones laborales por el Apartado A de la Ley Federal del Trabajo en vez del Apartado B, que es únicamente para los trabajadores que dependen directamente de uno de los tres Poderes de la Unión”
“En el primer conjunto se encuentra una amplia diversidad de organismos y/o instituciones creados por el ejecutivo federal para llevar a cabo tareas del Estado que la Constitución le señala. Es el caso de los CPI, han sido agrupados bajo la coordinación sectorial del Conacyt; sin embargo, la creación jurídica de cada uno de ellos no ha sido consecuencia de acciones o iniciativas concretas de este organismo”.
“Los CPI son tan heterogéneos como los organismos creados como paraestatales, descentralizados o desconcentrados del gobierno federal. Esta heterogeneidad jurídica (los hay creados por decreto presidencial, otros como Asociación Civil, o incluso como empresas de capital variable) ello hace complicado su regulación al existir por lo menos tres categorías jurídicas para designarlos”, concluyó Martín López, licenciado en Historia, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
