El último año ha sido, en materia ambiental, un año en el que los temas han ido de la presidencia de la república a los grupos de la sociedad civil, a los juzgados; de la descalificación de los activistas, al señalamiento de actos de corrupción por parte de estos.
Un año en el que se ha colocado en el patíbulo presidencial a aquellos que se han atrevido a señalar o bien irregularidades o violaciones de los derechos humanos.
Pero en medio de estas discusiones, con más sabor a distracciones que a realidades, han empezado a suceder cambios estructurales en el sector ambiental de la administración pública, las más de las veces en silencio.
No cabe duda alguna que el escenario institucional del sector ambiental se ha modificado de manera significativa en las últimas semanas. Por un lado, la Conagua y el presidente de la república, promueven un decreto en el que, por primera vez, por parte del organismo, se reconoce el acceso al agua potable para uso doméstico y personal como un derecho humano.
También se señala que no habrá más concesiones de uso de agua en lo que resta de la administración y se instruye a negociar volúmenes de agua concesionados para poder abastecer a quienes hoy carecen del líquido.
Se pública, apenas en marzo, la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEMARNAT-2021. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas residuales que se depositan en afluentes naturales propiedad de la nación.
Además de ello, la Semarnat, presenta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) su propuesta de reglamento interior en el que desaparece dos subsecretarías, las referencias a la Conagua y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) muestran la casi desaparición de estas en la estructura de la Secretaría lo mismo que el Instituto nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
El reglamento, es aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual ya empezó a ser aplicado y conlleve necesariamente una reorganización completa de la Secretaría y, por ello, una redistribución de funciones y abordaje de las competencias y atribuciones que le corresponden.
Por supuesto que las delegaciones federales de la misma desaparecen y se convierten en representaciones de esta, lo que a la larga se traduce, solamente, en la reducción de gastos operativos por parte del gobierno de la república.
Esto, sin embargo, obedece a una reforma que se había llevado a cabo en la Ley orgánica de la administración pública federal al artículo 17 Bis y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de abril de 2012.
A pesar de ello, estas y otras modificaciones hablan, necesariamente, de la forma en la cual, el marco regulatorio, las atribuciones y las competencias del sector ambiental se han visto modificadas en un corto tiempo.
Ahora se cuenta con la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales y con la Subsecretaría de Regulación Ambiental, la cual, obligatoriamente, también se alinea con la nueva Ley de infraestructura de la calidad
Y en la versión publicada en el DOF, ya se menciona la Conagua y la ASEA.
Esta manera nueva de abordar el tema ambiental hace necesario que iniciemos una reflexión en torno al futuro del sector.
Para ello, es menester reconocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) son instituciones que con el paso de los años se han ido deteriorando y perdiendo mucho de su valor como parte de la administración pública.
Además, la forma particular en la que el presidente de la república aborda los temas ambientales y construye instrumentos jurídicos que permitan evadir ciertas responsabilidades, son acciones que abonan al deterioro, a la erosión institucional de la secretaría.
Repensar legislativamente la Semarnat y sus funciones frente a la sociedad y frente a los derechos humanos, es una tarea que se antoja impostergable. Tarea que involucra la revisión de competencias y los mecanismos de coadyuvancia y colaboración entre noveles de gobierno.
Repensar socialmente a la Semarnat implica que el ejecutivo federal concitará una profunda discusión en todos los ámbitos de la sociedad, sin dirigirla, capaz de escuchar y perceptivo a las necesidades de la patria y no de su movimiento.
Hace falta un gabinete de transición ambiental. Uno que sea capaz de poner por encima de los intereses particulares del gobierno y del partido, los intereses generales de la nación, espacio en el que, hasta el momento, ha fracasado la actual administración.
México, necesita iniciar una profunda reforma ambiental en la que quepan todas las voces, todas, sin etiquetas, sin descalificaciones, sin señalamientos. Una reforma en la que la democracia y la tolerancia sean las invitadas de honor.
