El 1 de septiembre, un día después de que Ricardo Peralta Saucedo fue destituido de su cargo en la subsecretaría de Gobierno, su director general de Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes, otorgó cuatro nuevos permisos para operar casinos, todos ellos ligados al grupo de empresarios que se vieron involucrados en la tragedia del Casino Royale.

Calvo Reyes fue destituido también este lunes de la Segob, escoltado hasta la salida de su edificio por policías y con advertencias de que será investigado. Pero en medio de una purga en la dependencia para extirpar los tentáculos de Peralta Saucedo, el directivo tuvo tiempo de firmar cuatro oficios que ampararán el funcionamiento de cincuenta nuevos centros de apuestas en el país.

La autorización para abrir nuevas casas de apuesta, el cobro de cuotas para no clausurar establecimientos y la expedición de nuevos permisos para administrar juegos y sorteos se convirtieron, según testigos de la Secretaría de Gobernación, en un negocio millonario para Ricardo Peralta y un buen grupo de funcionarios que él designó en puestos clave.

La oficina de la Dirección de Juegos y Sorteos, ubicada en Versalles 49, se convirtió en una fachada. Las fuentes aseguran que al autonombrado “apóstol de la 4T” y su equipo de trabajo establecieron su centro de operaciones en un inmueble ubicado en el número 910 de la avenida Palmas, oficina a la que debían dirigirse los empresarios interesados en participar en la industria de los casinos, o bien los que ya dentro del sector luchaban por evitar la clausura de sus negocios.

En este último caso, por ejemplo, existen denuncias en el Órgano de Control Interno de la secretaría que narran diversos viajes de funcionarios al interior de la República para cobrar derecho de piso a los operadores de casinos.

Por ejemplo, se lee en los documentos que José Elibier Perea Juárez, quien se ostentaba como subdirector de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Juegos y Sorteos, pedía 100 mil pesos semanales para no clausurar locales.

Por si fuera poco, se expidieron los permisos DGJS/DCRCA/P-04/2020, de Grupo Blue Bet México; DGJS/DCRCA/P-02/2020, de Latam Operations; DGJS/DCRCA/P-03/2020, de True Win Group de México, y DGJS/DCRCA/P-01/2020, de Waddcore, todos negociados, según testigos del hecho, en la “sede alterna” y justificados como parte de una escisión del permiso extinguido 4117, otorgado en 1991 al permisionario Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV.

De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, “los permisos son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna”, por lo que escindir un permiso de Gobernación para extender sus derechos a otra personas físicas y morales, como se hizo bajo las órdenes de Peralta Saucedo, recae también dentro de la ilegalidad.

Respecto a los permisionarios de la extinta Atracciones y Emociones Vallarta, basta con recordar que estos empresarios, encabezados en su momento por Rodrigo Aguirre Vizzuett, fueron los operadores del regiomontano Casino Royale, en el que más de 50 personas perdieron la vida en un atentado del crimen organizado en el año 2011.
Andrés Manuel López Obrador había cumplido la promesa de no otorgar en su administración nuevos permisos para casinos, pero finalmente se rompió.

Mario Maldonado