Algunos de los más grandes dolores de cabeza para la 4T en materia económica, de gobernabilidad y política, tienen nombre y apellido: Ricardo Peralta Saucedo. Un común denominador a problemáticas como la caída en la recaudación del IEPS por el contrabando de combustibles, los excesos de los gobernadores emanados de Morena, como Jaime Bonilla en Baja California, y los antecedentes y modos que Félix Salgado Macedonio emplea para obtener su candidatura para gobernar Guerrero, tienen que ver con el exsubsecretario de Gobierno y aún protegido de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En esta columna hemos relatado el desastre que el autollamado “apóstol de la 4T” dejó a su paso por la Administración General de Aduanas, el cual, en los números recientes, ha provocado pérdidas al erario de más de 20 mil millones de pesos en un sólo trimestre por recaudación de IEPS, principalmente por el llamado contrabando bronco y técnico de combustibles, el primero relacionado con las bandas del crimen organizado y el segundo por la evasión fiscal que operan los funcionarios fronterizos.
Los actos de corrupción en la AGA son investigados por el SAT, de Raquel Buenrostro, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto.
Por lo menos 10 denuncias contra exfuncionarios de Aduanas designados por Peralta, quienes fueron removidos de sus cargos, están en curso de ser judicializadas por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz, donde hay abiertos expedientes por diversos actos de corrupción.
La labor del nuevo titular de Aduanas, Horacio Duarte, ha sido extirpar los vicios que dejó el también exabogado de Autofin, incluso a nivel laboral. Apoyado en el oficio 300-00-00-00-00-2021-104 de la Administración General de Recursos y Servicios del SAT, el funcionario endurecerá las normas laborales en los puntos aduanales a partir del 3 de mayo, al grado de que se instalarán sistemas para registrar la asistencia, se certificarán las competencias de operadores y se cancelarán los contratos de aquellos que no demuestren la experiencia necesaria para desempeñar su cargo.
Sin embargo, no todos los funcionarios que participaron de estos ilícitos y desorden en la AGA abandonaron la 4T. Por lo menos no los gobiernos de Morena. Ejemplo de ello es el caso de la exadministradora de la Aduana de Tijuana, Viridiana Soria Amador, investigada por formar parte de una red de tráfico de mercancía ilegal, quien desde enero de 2021 se desempeña como directora general del SAT de Baja California, bajo las órdenes del polémico gobernador Jaime Bonilla, nada apreciado en estos tiempos en Palacio Nacional.
Baja California es territorio de Ricardo Peralta, y Bonilla uno de sus principales aliados. A Peralta correspondió en 2019 impulsar en el Congreso local la llamada Ley Bonilla, que pretendía extender la gubernatura en ese estado de 2 a 5 años.
Su trabajo de cabildeó funcionó, según versiones de los legisladores, con un millón de dólares para cada diputado que apoyara la extensión; recursos presuntamente provenientes de las aduanas de la entidad. Entre los logros de Ricardo Peralta puede contarse también el que su jefa, una ministra en retiro, declarara que la ampliación que Bonilla buscaba era “legal” y que iba a “pervivir”. La Corte terminó calificando como inconstitucional esa Ley.
Finalmente, en su fase como asesor y operador electoral, Ricardo Peralta está detrás de la campaña de Félix Salgado Macedonio. Es uno de los principales clientes de su consultora, que asesora a Mario Delgado. Peralta, por tanto, es uno de los responsables de los métodos que hacen al senador guerrerense un candidato intransitable y, para muchos, indeseable.
Mario Maldonado
