Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal son dos políticos cortados por la misma tijera: iniciaron sus carreras en el PRI de los 70, crecieron en sus estados natales (Tabasco y Zacatecas) y luego aterrizaron en la Ciudad de México, la capital que les cumpliría –y financiaría– sus ambiciones políticas. Maquiavélicos como son, han chocado y se han distanciado varias veces, pero no al grado de querer destruirse. Se saben iguales y se conocen sus pecados políticos. Ambos tienen hermanos incómodos y familiares que les han acarreado más de una crisis. Hoy, en medio de la depresión económica más profunda de los últimos 88 años, los dos políticos setenteros han decidido promover iniciativas radicales que podrían poner al país en una trayectoria de no retorno, de destrucción de confianza y fuga de inversiones que harían imposible la recuperación económica en lo que resta del sexenio.
A finales del año pasado, el presidente promovió una reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación laboral –el llamado outsourcing– que busca desaparecer esa figura legal y criminalizar a quienes la usen. La medida radical impacta transversalmente a toda la economía, desde los grandes corporativos nacionales e internacionales hasta las pequeñas y medianas empresas… y también a la administración pública. El sector formal de la economía genera 77 por ciento del PIB y los grandes contribuyentes 80 por ciento de los impuestos, es decir, poco más de la mitad de todos los ingresos del gobierno.
Un golpe como el que se pretende dar a las empresas, además de poner en incertidumbre a los cerca de 5 millones de trabajadores que trabajan bajo un esquema de outsourcing, envía un mensaje nocivo para la inversión privada, que ya de por sí tuvo en 2020 uno de sus peores años. Las industrias más importantes, pasando por toda la cadena del sector agropecuario, manufacturero y de servicios se verían impactadas por la reforma, lo que detonaría la salida de capitales y el freno a una buena parte de inversiones nuevas.
El lunes, desde su cuarentena en Palacio Nacional, el presidente lanzó otro dardo envenenado a la inversión privada. Se trata de una iniciativa preferente para desplazar a las empresas generadoras de energías limpias en favor de la CFE, la cual tiene efectos adversos en materia de competencia, de costos de la electricidad, de confianza para los inversionistas y pone a México en vísperas de una disputa con nuestros principales socios comerciales (EU y Canadá) bajo los términos del T-MEC.
Ricardo Monreal también acumula propuestas radicales, principalmente enfocadas en el sector financiero, que representa en su conjunto casi 7 por ciento del PIB y cuyo índice de crédito interno al sector privado llega a 35 por ciento del PIB. El titular de la Junta de Coordinación Política del Senado intentó fijar un tope a las comisiones bancarias y más recientemente propuso cambiar la Ley de Banco de México para supuestamente beneficiar a los paisanos que retornan al país con dólares en efectivo, los cuales sólo representan 0.7 por ciento del total. En el banco central y en Hacienda se dieron cuenta que la iniciativa beneficiaba a un solo banco y la más probable es que se eche para atrás, aunque Monreal se mantiene firme y busca una salida decorosa.
Así, mientras este tema genera críticas en México y el exterior, el coordinador de Morena en el Senado distrae la atención con otra iniciativa para intentar regular las redes sociales y así agradar al presidente, quien ahora ve en Facebook y Twitter (sus dos principales vías de comunicación fuera de los medios tradicionales) a dos plataformas que atentan contra la libertad de expresión. Pasó de verlas como ‘benditas’ a malditas.
Mario Maldonado
