La crisis económica que enfrenta México es producto de una cadena de malas decisiones de política pública, mensajes nocivos a la confianza empresarial y a los inversionistas extranjeros, y la corresponsabilidad de una serie de funcionarios con cargos relevantes en el gabinete que no han podido —y muchos ni siquiera han querido— decirle que no al presidente, el líder absoluto de la malograda Cuarta Transformación.
El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue francamente malo en términos económicos. El PIB se contrajo 0.1 por ciento, mientras que Estados Unidos creció 2.3 por ciento. La descorrelación de los ciclos económicos de ambos países, tan intrínsecamente ligados en su comercio exterior, es aún un caso de estudio para la ciencia económica. Pero lo que más llama a la sorpresa es que el presidente mexicano ahora está esperanzado en que los 2 billones de dólares que el gobierno de Donald Trump y la Reserva Federal están inyectado a la economía estadunidense van a jalar a la economía mexicana, cuando lo que tendría que estar haciendo él junto con su secretario de Hacienda es echar a andar verdaderas medidas contracíclicas que reactiven lo más pronto posible el mercado interno.
Quién iba a pensarlo, un presidente de izquierda esperando que el imperio capitalista de Estados Unidos nos rescate mientras él se cruza de manos esperando un milagro. Pero si en ese espejo es en el que se quiere ver Andrés Manuel López Obrador, que le eche un ojo a los 26 millones de pedidos de subsidio por desempleo que hay ya en el país que gobierna Trump, una cifra inédita que ni en la Gran Depresión de 1929 ni en la Gran Recesión de 2008-2009 se acercó a la mitad.
Así, mientras en Estados Unidos el gobierno toma medidas contracíclicas que equivalen a 11 por ciento de su PIB, el gobierno mexicano apenas llega a 1.1 por ciento, con la esperanza de que no se pierdan cientos de miles o millones de empleos como ya sucedió en las primeras dos semanas de contingencia sanitaria, en las que se eliminaron casi 350 mil puestos de trabajo.
La recesión, que generará un choque fulminante para la actividad económica en el país, será igual de larga que el tiempo que tomó el gobierno federal para atacar el coronavirus y mucho mayor al que utilizó para aplicar las medidas paliativas. En este rompecabezas macabro, mucho ha tenido que ver la dependencia que encabezan Arturo Herrera y Gabriel Yorio, quienes ni en sus peores pesadillas soñaron con que el barco se iba a estrellar con un iceberg gigantesco mientras el capitán hacía como que nada pasaba.
La corresponsabilidad y omisión de Herrera, sin embargo, quedarán para el registro de la historia. Un secretario de Hacienda que, contra sus ideales y postulados, se tuvo que guardar sus “chalecos antibalas” de los que tanto habló el año pasado, cuando México ya estuvo cerca de caer en una recesión técnica originada por las malas decisiones en el sector energético, la narrativa hostil del presidente hacia los empresarios y la mala ejecución del gasto público. Los blindajes a los que en ese entonces se refería Herrera eran la línea de crédito flexible por 61 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional —que ya dijo AMLO que no se va a usar—, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios —del cual ya se gastó más de la mitad el año pasado a pesar de que no hubo una emergencia— y las coberturas petroleras que no cubren todos los ingresos presupuestados para 2020.
La puntilla de una serie de malas decisiones tomadas no solo por el Ejecutivo, sino por Hacienda y la Secretaría de Energía, terminaron quitándole el grado de inversión a Pemex. Si bien es algo que inversionistas y analistas ya venían descontando, para quienes llevaron las riendas de las finanzas públicas en años pasados es un tema que incluso podría generar un daño al sistema financiero global. “Una cosa es lo que dicen los analistas y otra que tengas un fallen angel de 100 mil mdd sin grado de inversión; es difícil tener completamente descontado el efecto de un colapso de un emisor de ese tamaño en el mercado”, dice un exsecretario.
México, pues, jugó mal sus cartas con las calificadoras, a las que se cansaron de descalificar tanto el presidente como Rocío Nahle. “Fue una secuencia desafortunada. Lo mejor hubiera sido que usando el balance del soberano se tratara de rescatar la calificación de Pemex. Y lo malo es que salvaguardar la calificación de Pemex a lo mejor te hubiera costado un notch de la calificación del soberano o dos, lo malo de esta secuencia es que si pierdes la de Pemex, de todas maneras vas a perder uno o dos escalones de la del soberano. Mala secuencia, resultado de una mala gestión”.
Esa mala administración de los recortes de calificaciones crediticias de México y de Pemex le restó margen de maniobra al gobierno para salir a colocar deuda en los mercados internacionales, como lo hizo la semana pasada por un total de 6 mil millones de dólares. Hacienda celebró que la emisión de bonos estuvo sobredemandada, pero la realidad fue que pagó un cupón de 5 por ciento, mucho mayor al 3.3 por ciento de una colocación que hizo en enero.
El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, publicó en su cuenta de Twitter que Paraguay, un país con calificación BB (es decir, sin grado de inversión), colocó mil millones de dólares a una tasa de 4.95 por ciento. “Resulta 5 puntos base menor a la colocación mexicana del día anterior, que tenemos una calificación superior de BBB (promedio de 3 calificadoras)”, expuso. Asimismo, Perú, con una calificación similar a la de México, colocó 3 mil millones dólares en bonos globales a 5 y 10 años a tasas de 2.39 por ciento y 2.78 por ciento.
La crónica de una crisis anunciada y mal gestionada.
