En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están convencidos de que los contratos que se entregaron en los últimos dos sexenios para construir y operar reclusorios se hicieron para beneficiar a empresarios afines, con cláusulas leoninas y ganancias exorbitantes que generaron grandes fortunas.
“Los empresarios que no eran millonarios se hicieron multimillonarios con estos contratos, y los que ya eran ricos se sacaron la lotería”. Un alto funcionario del gobierno federal explica en estos términos el esquema mediante el cual se adjudicaron, en tiempos de Felipe Calderón, los famosos Contratos de Prestación de Servicios, algunos de los cuales cambiaron de manos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Según funcionarios que analizaron estos contratos, el retorno de inversión es de hasta 45%, algo impensable para este modelo de contrataciones públicas. Más aún, se detectó que en los esquemas de financiamiento se triangularon recursos para que la inversión de los contratistas fuera mínima y la ganancia exorbitante.
“Vamos a dar a conocer un informe de los robos cometidos en los sexenios pasados…”, dijo López Obrador el 29 de diciembre. Trece días después aseguró que se harían públicos los términos de los contratos y aseguró: “se cancelan o se renegocian”.
La renegociación, por la vía del acuerdo o de la batalla legal, la llevan la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
“Ya se trabaja en los parámetros de renegociación para mejorar las condiciones para el Estado y reducir una deuda a futuro que rebasa los 190 mil millones de pesos”, agregaron las fuentes.
Los empresarios propietarios de estos contratos mantienen relaciones muy diferentes con el gobierno. El multimillonario Carlos Slim y su Grupo Ideal participan en el Cefereso Femenil #16 de Jojutla, Morelos. El miembro del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Prodemex, en el Cefereso #14 de Gómez Palacio, Durango, y el #17 de Tomatlán, Michoacán.
De contratistas está ICA, cuyo principal accionista es el financiero regiomontano David Martínez, operadora de servicios en el Cefereso #11 de Hermosillo, Sonora, y el #12 de Ocampo, Guanajuato. Participan dos empresarios vinculados a gobiernos priistas: Adrián García Pons, de la firma Arendal, en el Cefereso #15 en Comaltitlán, Chiapas, e Hipólito Gerard, de GIA, en el Cefereso Femenil #13 en Miahuatlán, Oaxaca.
Se suma el poderoso fondo de inversiones Black Rock de Larry Fink, en el Cefereso #18 de Ramos Arizpe, Coahuila, asignado en un principio a la constructora Tradeco, de Federico Martínez.
Los ocho Contratos de Prestación de Servicios para construir y operar los reclusorios los firmó en 2010 la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, como estrategia para reducir un déficit, en ese entonces, de 42 mil espacios en los centros penitenciarios del fuero federal. Homex, de Eustaquio de Nicolás, participó de esos acuerdos, pero vendió a Grupo Carso sus contratos.
Por cuestiones de “seguridad nacional”, la información sobre los contratos se reservó hasta 2022. Pero, de acuerdo con documentos enviados por la SSP a la Unidad de Inversiones de Hacienda, en un inicio se consideró edificar y administrar, con el apoyo de la IP, 12 penales con más de 30 mil espacios de reclusión, por 270 mil millones de pesos pagaderos a 2032.
Lo que sucedió fue que se firmaron contratos para ocho ubicaciones, las cuales, en caso de no renegociarse, tendrán un costo para el erario público de más de 266 mil millones de pesos, cifra casi similar a lo que costaba una infraestructura con cuatro reclusorios más.
Mario Maldonado
