A finales del año pasado, el hoy desaparecido y debilitado jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, advirtió a Andrés Manuel López Obrador que 17.4 por ciento del PIB estaba paralizado por la burocracia y falta de experiencia de los funcionarios del actual gobierno. También le especificó que uno de los principales lastres del crecimiento económico era la Cofepris, encargada de regular casi 50 por ciento del mercado de los productos de consumo.
En aquel momento no existía siquiera la definición de Covid-19 y ya la aprobación de insumos para la salud, la higiene y hasta alimenticios registraba un cuello de botella, con alrededor de 14 mil trámites de permisos rezagados en la dependencia que mal dirige José Alonso Novelo Baeza, quien atribuía ese retraso a que las industrias reguladas, entre ellas la farmacéutica, entregaban expedientes sin información y de mala calidad.
Más de seis meses después de ese escenario, y con una pandemia que, si bien entorpeció actividades regulatorias, demandó también el desarrollo y aprobación de nuevos tratamientos, la Cofepris se encuentra en una de las peores coyunturas de su historia como órgano regulador, con un ritmo de aprobación de registros sanitarios para este 2020 que llega apenas a 70 claves, entre medicamentos alopáticos —en su mayoría genéricos—, homeopáticos y herbolarios.
Fuentes de la propia comisión explican que la baja productividad podría ser resultado de la decisión del organismo para definir, a partir de abril, 186 homoclaves de atención prioritaria para enfrentar la emergencia sanitaria; no obstante, más que resultar un obstáculo para el trabajo de evaluación y autorización, las propias medidas debieron acelerar la aprobación de fármacos, equipo médico y sustancias de sanitización.
Las estadísticas que presenta Cofepris para 2019 confirman que la innovación en materia de tratamientos médicos experimentó una marcada desaceleración. En ese año, por ejemplo, obtuvieron su registro sanitario 268 medicamentos alopáticos, lo que representa una reducción de 25 por ciento contra los 361 registros que se emitieron en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los datos explican también las razones por las que el proceso de aprobación de un medicamento, que en la época de Felipe Calderón llegó a concretarse en un tiempo récord de tres meses, ahora toma en promedio un año. En algunos casos puede llegar a abarcar hasta dos años, lo que elimina la posibilidad para que en 2020, o incluso en 2021, pueda aprobarse vacuna o fármaco específico para tratar el virus SARS-CoV-2.
La industria farmacéutica ha alertado que el marasmo que presenta Cofepris tiene atoradas unas 70 moléculas de medicamentos innovadores cuyas solicitudes de registro se ingresaron a mediados de 2018, una buena parte de ellas enfocadas a tratar enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, justo las consideradas condiciones que incrementan el riesgo de mortalidad por Covid-19.
Por esta situación están en crisis los laboratorios integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, que preside Cristóbal Thompson, que tienen que presentar sus solicitudes de registro ante el Comité de Moléculas Nuevas, el cual prácticamente no ha sesionado en 2020.
Pero los más afectados, por supuesto, son los pacientes, quienes no pueden acceder a alternativas para tratar con mayor eficacia los mencionados padecimientos, que se colocaban ya, antes del arribo del coronavirus, como las principales causas de muerte para los mexicanos.
El desastre es similar en el caso del IMSS, a cargo de Zoé Robledo, y ni se diga en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que encabeza Juan Antonio Ferrer Aguilar, que ni siquiera tiene todavía un reglamento interno, por lo que tiene to-
do paralizado.
De estos dos temas hablaremos en próximas entregas.
Mario Maldonado
