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ColumnasMario Maldonado

CNBV investiga fraude de 10 mil mdp


La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en sus manos una bomba que está a punto de estallar, relacionada con la compra de instrumentos financieros por parte de organismos de gobierno que, además de violar las leyes en materia de administración de recursos públicos, se convirtió en esquema para desaparecer miles de millones de pesos del erario.

En este espacio le hemos dado seguimiento a los 800 millones de pesos que Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle, invirtió en la casa de bolsa de CI Banco a través de un intermediario que presuntamente garantizó el retorno de los recursos, el cual se identifica como Financiera CORAFI, propiedad del empresario chiapaneco René Dávila de la Vega.

De acuerdo con información privada, además de CORAFI se tiene identificado a otro intermediario financiero cuya razón social es Estratégica Corporativa en Finanzas, perteneciente a Grupo Escorfin, de Roberto Guzmán García, también con operaciones en el sureste del país, específicamente en Yucatán.

Las primeras investigaciones de la CNBV, a cargo de Juan Pablo Graf, revelan que ambas financieras colocaron en los mercados alrededor de 10 mil millones de pesos de entes de gobierno, tesorerías estatales y universidades públicas, los cuales habrían ‘desaparecido’ totalmente del sistema financiero.

El modelo de compra-venta de instrumentos financieros se heredó de la administración de Enrique Peña Nieto. No obstante, el modelo de desvíos que supera incluso el caso de la Estafa Maestra se perduró en el actual gobierno, a pesar de que cada mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en la actualidad las cosas se hacen de manera diferente.

Regresando al caso de Segalmex, se tiene registro de que la administración de Ignacio Ovalle recibió de los funcionarios peñistas un estado de cuenta en el que su ahora empresa subsidiaria Liconsa traía una inversión en valores de mil 989 millones de pesos, colocados a 30 años en Santander y a 11 meses en CI Casa de Bolsa.
La administración de Ovalle recurrió a la venta de esos recursos para cubrir un gasto operativo del organismo alimentario por 6 mil millones de pesos, pero en sus primeros meses de gestión envió nuevamente al mercado de valores 800 millones de pesos, cuyo retorno se ha convertido en una prioridad tanto para la CNBV como para el propio Segalmex.

En diversos estados de cuenta correspondientes a Banorte, se tiene reportado que entre 2020 y 2021 Segalmex ha recibido alrededor de 108 millones de pesos provenientes de CI Banco, identificados como liquidación de inversiones con referencia 000675 y pertenecientes al Fideicomiso CI con CLABE 143180000023025784. El 23 de septiembre de 2020 se regresaron al organismo 31 millones de pesos; el 29 de diciembre retornaron otros 4 millones, y el 28 de junio pasado se hicieron dos transferencias más por 74 millones.

El retorno de capitales a Seguridad Alimentaria Mexicana es un logro que se alcanzó mediante el acuerdo del 21 de marzo de 2021, en el que, como lo reportamos en pasadas entregas, CORAFI y también CI Banco se comprometieron ante el Notario Público 113 de la CDMX a reintegrar al sector pú-
blico la cantidad de 770 millones de pesos, según los detalles que se han dado a conocer, a través de un esquema de abonos mensuales por alrededor de 100 millones de pesos.

La labor de la CNBV apenas comienza. Los 800 millones que se habrán de recuperar en el organismo de seguridad alimentaria no representan ni la décima parte de los recursos que se mandaron a la bolsa de valores y que están ‘extraviados’ o fueron robados.

Mario Maldonado

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