En Capufe todo funciona mal. La inexperiencia de sus funcionarios y el nepotismo que existe dentro del organismo descentralizado del gobierno tiene la red carretera nacional de cabeza, lo cual ha sido aprovechado por grupos de choque que se han apoderado de las casetas sin que prácticamente nadie haga nada para impedirlo.
La toma ilegal de casetas en el país se extiende a por lo menos 10 estados de la República, entre ellos Ciudad de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California y Sonora, según la propia información de Caminos y Puentes Federales, así como de organizaciones civiles y asociaciones de concesionarios privados.
Si bien no hay información disponible sobre el costo al erario público de las tomas ilegales en lo que va de 2020, el informe de Daño Patrimonial por el Ingreso no Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019 de Capufe expone que se dejaron recibir más de 3 mil millones de pesos por este ilícito, que se castiga hasta con 30 años de prisión dependiendo el tipo de agravante, según el Código Penal Federal.
El problema es que con la actual administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las tomas ilegales de caseta han aumentado. En 2010, por ejemplo, se reportaron menos de 50 ilícitos, frente a los cerca de dos mil 500 del 2019.
A inicios de agosto, de gira por Nayarit, el presidente López Obrador dijo que “ya no se permite la toma de casetas, pues se trata de actos ilegales con apariencia de demanda social”, y añadió que para evitar estas ilegalidades la Guardia Nacional se encarga de operativos de vigilancia.
“Ya no es como antes, que decía cualquiera voy a robar combustible, voy a hacer dinero tomando las casetas porque los de arriba roban, eso ya se terminó. Ya no se dan malos ejemplos, se acabó la robadera”. Pero “la robadera” sigue.
Esto se suma a la mala administración que hay en Capufe, misma que ya generó la salida del primer director general del organismo en tiempos de la 4T, Genaro Enrique Utrilla, cuya renuncia en agosto pasado fue tratada con la más alta discreción.
Utrilla Gutiérrez era un personaje cercano al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien renunció en julio, y sobre todo a su hermano, el ingeniero y empresario Enrique Jiménez Espriú.
No obstante, la llegada del nuevo titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz, tampoco está libre de presuntos conflictos de interés y nepotismo dentro de la dependencia que controla a Capufe. Resulta que su anterior esposa y madre de su hija, María Guadalupe Cano Herrera, se desempeña desde principios del sexenio como directora de Administración y Finanzas de Caminos y Puentes Federales.
La relación de Cano Herrera con la exOficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro -quien actualmente es jefa del Servicio de Administración Tributaria-, le habría permitido tomar prácticamente todas las decisiones importantes en Capufe, desde los procesos de asignación de contratos, proyectos de inversión para infraestructura tecnológica y en los programas de conservación y seguridad carretera.
Así, la administración en Capufe vuelve a estar en el ojo del huracán, como en el sexenio pasado, donde sus dos directivos más relevantes, Benito Neme Sastré y Mauricio Sánchez Woodworth, fueron acusados de cometer actos de corrupción, tras la revelación de una serie de correos electrónicos en los que acordaba cobros y la entrega de información a empresas privadas de los concursos por adelantado.
Mario Maldonado
