El Congreso de la Unión arranca este lunes su última semana de sesiones, y el objetivo central será declarar procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin la protección constitucional el mandatario estatal podrá enfrentar a las autoridades judiciales y convertirse en el segundo personaje vinculado a proceso de los 70 denunciados por Emilio Lozoya respecto al caso Odebrecht.
De acuerdo con las señales que surgen de la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y sus aliados conseguirán la meta de desaforar al panista, aunque en Tamaulipas ya preparan la estrategia para bloquear la instrucción del Poder Judicial Federal en el Congreso Local.
Aseguran en el estado norteño que, de acuerdo con el Artículo 111 Constitucional, el Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en el asunto, pues a la letra éste dice que “la declaración de procedencia (emitida por los diputados federales) será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda lo que corresponde”.
Para muchos abogados constitucionalistas, este párrafo es claro en el sentido de que el papel del Congreso de Tamaulipas será simplemente dar trámite a una decisión ya tomada por el Congreso Federal; sin embargo, para los asesores de Cabeza de Vaca debe interpretarse como un mandato para que los diputados locales, en su mayoría panistas, pongan a votación una vez más si procede el desafuero.
En el inter, el gobernador tamaulipeco cabildea ante las autoridades estadounidenses contra las llamadas acciones anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, a través del despacho Gerger Hennessy & McFarlane, con sede en Houston, Texas, en el que los abogados David Gerger y Ashley Kaper le cobran en total mil 625 dólares por cada hora de trabajo. El pasado 4 de abril, Mariana Gómez Leal, esposa de Cabeza de Vaca, depositó un adelanto a ese despacho por 100 mil dólares, para que enviara una carta al FinCEN en la que se denunciara que el gobierno de México hacia mal uso de la información financiera que recibía de Estados Unidos.
La estrategia resultó un arma de doble filo; primero porque, con los reportes que Gerger Hennessy & McFarlane tuvo que emitir para prestar servicios a extranjeros, se confirmó que el perfil transaccional del gobernador de Tamaulipas y de su esposa —identificada en los documentos como Mariana Gómez García— es mucho mayor al que tendrían con sus ingresos reportados ante el SAT, lo que hace albergar la sospecha de que esos trabajos se estén financiando con recursos públicos, y después porque precisamente ese despacho texano tiene historial con otros personajes involucrados en el caso Lozoya.
De acuerdo con los reportes emitidos por los abogados norteamericanos, el 1 de diciembre de 2020 este mismo despacho recibió otro depósito por 25 mil dólares desde México; en aquella ocasión desde el despacho legal mexicano Accuracy Legal and Consulting, entre cuyos socios se encuentra el exsenador panista y hoy vinculado a proceso Jorge Luis Lavalle.
Sobre Accuracy hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio, como el despacho legal vinculado a los exsenadores panistas que aprobaron la Reforma Energética y que, coincidentemente, ofrece entre sus servicios asesorías para las empresas interesadas en participar en el sector energético del país y, sobre todo, en hacer negocios con Pemex.
Mario Maldonado
