El 26 de septiembre de 2014, 43 alumnos de la normal Isidro Burgos desaparecieron en Iguala a manos de policías municipales y miembros de un grupo criminal: los Guerreros Unidos.
Cinco años más tarde, tras miles de fojas, dinero invertido e investigaciones lentas y tortuosas —emprendidas por autoridades federales y estatales, por grupos de expertos independientes, por la CNDH y diversas organizaciones civiles—, nos encontramos muy cerca del principio: en un laberinto de oscuridades.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido encontrar la verdad. Muchas cosas anuncian que terminará, en cambio, de regreso en el laberinto. Hace unos días, Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hizo una serie de declaraciones al periódico Excelsior:
Que el basurero de Cocula no fue escenario de la incineración, ni de todos, ni de una parte de los estudiantes desaparecidos, como incluso la CNDH ha afirmado: “Voy a ser categórica… Ninguno de los estudiantes de la Normal está ahí”. Que “todas las investigaciones anteriores quedaron en un punto muy grave de inflexión, que es el tema de la tortura… porque lo que se tenía como base, con la declaratoria de los jueces, pues ya no existe”.
Que lo que ocurrió esa noche se debió, tal vez, al hecho de que el crimen organizado y algunas autoridades quisieron evitar que un autobús (el 5º famoso), “que pudiera haber tenido trasiego… fuera sacado del territorio”. Que “ni en los informes de Cenapi ni en los informes de investigación criminal, ni en los informes de ninguna índole” hay elementos que permitieran concluir que alumnos o maestros de Ayotzinapa tuvieran relación con el crimen organizado. Que en el basurero aparecieron, efectivamente restos humanos quemados, ¡porque ese era —dice— un botadero de basura!, pero que estos restos eran de mujeres, de niños, de mayores de 50 años. “Ninguno corresponde a los muchachos”, aseguró.
Buitrago reveló, para cerrar, que se le han acercado “personas de varios lados” que “están colaborando” y que ella aspira a que sean sinceras. ¿Será una de ellas el exlíder de la CRAC, preso desde 2015, que acababa de revelar a los medios que “compañeros” de cárcel le dieron información exacta sobre el sitio en que están los alumnos desaparecidos? (“Están escondidos en el mismo lugar donde fue escondido el autobús donde los transportaron”, dijo).
Me pregunto con sinceridad cómo va a lidiar el gobierno de AMLO con todo esto. Pongo unos ejemplos.
Los nexos de algunos normalistas con el crimen organizado han sido probados por la CNDH: existe incluso una grabación telefónica que circuló ampliamente, en la que se oye hablar de la pertenencia de un alumno apodado el Chane al cártel de los Rojos. La CNDH documentó la venta de droga en la normal a manos de alumnos vinculados con el líder de Los Rojos, apodado el Carrete.
Documentó también cómo alumnos vinculados a este grupo criminal condujeron a Iguala, sin motivo evidente, a los estudiantes de nuevo ingreso, y en su Recomendación sobre el caso demostró que los Guerreros Unidos no confundieron a los normalistas con narcotraficantes, sino que identificaron a los líderes estudiantiles que estaban vinculados con el grupo rival, entre ellos, el Cochiloco y el estudiante Omar García.
Buitrago descarta, por “el tema de la tortura”, “las investigaciones anteriores”, entre ellas la que señala al basurero como destino final de los alumnos: el Protocolo de Estambul, sin embargo, probó solo 9 casos de tortura en más de 140 detenidos (no es una justificación: solo una cifra). Aún más, la exintegrante del GIEI calló que estuvo presente en la primera declaración rendida por los hermanos Sotelo Salinas (en la que por tanto, no hubo tortura), uno de los cuales confesó haber hecho “la plancha” de ramas, llantas y piedras, con que se armó la hoguera de Cocula.
Informes de telefonía revelan que los involucrados en el caso estuvieron esa noche en las inmediaciones de Cocula. Hay cuatro restos óseos semicalcinados, e identificados en Innsbruck, que pertenecen a los estudiantes Jhosivany Guerrero y Alexander Mora. Y para terminar, hay un dictamen correspondiente al basurero, que exhumó la CNDH, y del que no hablaron nunca ni el GIEI, ni los padres, ni el Centro Pro, ni los expertos argentinos. Vamos, ¡ni la PGR!: un informe que confirma las declaraciones rendidas por los perpetradores.
El caso quedó viciado desde el principio por violaciones al debido proceso cometidas por la PGR y el gobierno de Peña Nieto. Cinco años después, 77 detenidos han recuperado la libertad. Esa es la justicia que se hace a los alumnos desaparecidos.
Y ahora, incluso la poca verdad que existe está en riesgo de irse al basurero. No al de Cocula, por cierto. Al de los casos sin respuesta, a que es tan afecta la impartición de justicia en México.