Aun cuando lo presentaron solo como una “investigación financiera” y no como una acusación formal, el anuncio hecho desde Palacio Nacional el pasado jueves, sobre el inicio de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la UIF denunció por transferencias bancarias por 26 millones de pesos, representa un manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que rompe con esto el acuerdo de no agresión que tenía con su antecesor y ordena investigarlo no sólo a él, sino a su familia.
Porque de lo que presentó Pablo Gómez en la conferencia mañanera, lo de menos parecen ser los 26 mdp que le fueron transferidos a Peña Nieto desde México en sus cuentas bancarias en España; lo más grave es lo que acusa el director de la UIF: la existencia de una “red financiera y de empresas” vinculadas al expresidente, que aparece como socio en todas ellas, y en la que figuran familiares directos como su hermana, a quien se le acusa de haber retirado dinero de manera irregular por 190 mdp. Dentro de esa red se menciona a la empresa “PlastiEstéril”, que recibió contratos en el gobierno peñista hasta por 10 mil 133 mdp y que realizó transferencias por mil 557 mdp a Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido entre 2015 y 2021.
No se trata, pues de una investigación menor ni de rutina, sino de una orden a Pablo Gómez para retomar las investigaciones que ya había iniciado Santiago Nieto desde la UIF sobre las cuentas y el patrimonio del expresidente y de sus familiares más cercanos. La decisión de López Obrador —que hasta ahora había protegido a Peña Nieto y había respetado el pacto que ambos hicieron— tiene que ver con la convicción del inquilino de Palacio de que fueron los priistas y el propio Peña quienes primero incumplieron el acuerdo por dos hechos que el Presidente tomó como declaraciones de guerra: el primero, la “traición e incumplimiento” de Alejandro Moreno y del PRI al votar en contra de su Reforma Eléctrica, en contra de los compromisos que existían; y el segundo el involucramiento del propio Peña en una operación política para “ganar el Estado de México y evitar el avance de Morena” en los próximos comicios de 2023.
Lo que venga en adelante y si este rompimiento entre AMLO y Peña es totalmente real o si se trata solo de un distractor para tapar problemas más graves como la violencia, la inseguridad o la descontrolada inflación, como piensan con suspicacia en las redes sociales y algunos analistas, ya se verá conforme avancen las investigaciones de la FGR y si se procede o no contra el expresidente, sus familiares y sus empresas con movimientos financieros millonarios.
Pero lo que queda claro desde ahora es que la decisión de investigar a Peña Nieto y a su patrimonio personal y familiar, más allá de romper un pacto no escrito, es un movimiento estratégico del presidente López Obrador de cara a las elecciones en el Estado de México, pero también rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Desarticular cualquier intento del peñismo y, sobre todo del priismo, por reagruparse, además de terminar de desgastar a la marca PRI, con una acusación directa por corrupción a su último presidente, rumbo a esas dos batallas electorales, es parte del plan presidencial para garantizar la continuidad de la 4T a toda costa.
Para finalizar un apunte de algo que sí fue coincidencia pero que también podría ser augurio: el sexenio de Peña arrancó con una explosión en el edificio central de Pemex que provocó la muerte de 25 personas y 100 heridos por una “acumulación de gas metano en el sótano del edificio”. El sexenio de López Obrador también empezó con una tragedia en Pemex cuando un ducto pinchado para robar combustible explotó en Tlalhuelipan, Hidalgo, provocando la muerte por quemaduras de 137 personas y decenas de heridos. Dos inicios de sexenio con cierta similitud nos hacen preguntarnos ¿será que también veremos dos finales de gobierno parecidos entre el de AMLO y el de Peña Nieto?… Los dados mandan Escalera Doble. Buen cierre de semana.
