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ColumnasMario Maldonado

AMLO, invicto contra los empresarios


Los empresarios no le han ganado una a Andrés Manuel López Obrador. Antes de asumir el gobierno, el presidente los había ponchado con la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía. A casi 29 meses de administración, los tiene encasillados, en un partido que augura paliza hacia finales del sexenio.

Si bien López Obrador ha gobernado de forma deficiente, por decir lo menos, en la primera mitad de su sexenio, con el pretexto de que está poniendo los cimientos de su transformación, una estrategia que no le ha fallado es la de quitarle poder a los empresarios. En los últimos 45 años la iniciativa privada no había estado tan desdibujada y arrinconada como ahora frente al poder político.

Las amenazas de cancelar sus contratos y concesiones, investigarlos y perseguirlos, ha surtido efecto. La razón principal es porque muchos de los grandes empresarios hicieron su fortuna al amparo del poder político, con relaciones que, si bien no pueden probarse o tener consecuencias legales, sí son del dominio de los integrantes del establishment mexicano, en el cual se ha movido López Obrador en los últimos 40 años, con sus propios escándalos y señalamientos.

La cancelación de proyectos como el aeropuerto de Texcoco, la contrarreforma energética, el cambio en los procesos de compras del gobierno, el viraje de la política económica, la militarización de la infraestructura, la reforma laboral y el escarnio público del que ha echado mano el presidente para presionar a los llamados poderes fácticos y “grupos de intereses creados” han sacudido a los otrora “dueños de México”: la clase política y empresarial que se mezcló hasta diluirse.

El reconocimiento de que efectivamente el poder político y económico llevan mimetizándose por décadas no quiere decir que en la denominada 4T haya desaparecido. Ocurre de forma similar, con la gran diferencia de que las decisiones se toman en un solo lugar: el escritorio del presidente. López Obrador está usando todo su poder y la fuerza del Estado para decidir quiénes serán los empresarios beneficiados por su gobierno y quiénes marginados.

Los señalamientos que ha hecho López Obrador contra los empresarios no significan que todos están incluidos en la misma bolsa ni que van a reaccionar de la misma manera. Entre las agrupaciones más influyentes y poderosas del país, como el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y el Grupo Monterrey hay serias discrepancias sobre cómo proceder frente a las acusaciones del presidente y sus embates.

Los del Grupo Monterrey son los más beligerantes, aunque los de más bajo perfil. La razón principal es que la mayoría de sus negocios no están sujetos a concesiones del gobierno, aunque los cambios en el sector energético, la subcontratación laboral y en general el viraje de la política económica sí han afectado sus negocios y las industrias en las que participan. En Nuevo León, por ejemplo, los principales empresarios decidieron no comprar ninguna promesa o solicitud que provenga del Ejecutivo, aunque tampoco planean ser una oposición visible por lo menos hasta pasadas las elecciones intermedias.

En lo que respecta al Consejo Mexicano de Negocios y el CCE, así como a los inversionistas del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia y otros que están al margen de estos organismos, como Carlos Slim, cada quien juega su propia estrategia, esperando que los acercamientos con funcionarios como Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Julio Scherer e incluso el exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo les ayuden a frenar los embates y la paliza que desde el Ejecutivo les están dando.

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