En lugar de girar la llave para abrir la posibilidad histórica de empezar a hacer justicia a los trabajadores mexicanos, el gobierno tumbó la puerta a patadas y pondrá a millones de desempleados en la calle.

La iniciativa de ley para criminalizar la subcontratación laboral conocida como outsourcing al grado de equipararla con crimen organizado, huele más a populismo y venganza política que a decisión razonada y consensuada en tiempos que nos exigen eso: razón y consenso.

Esa es la primera falla inadmisible de la iniciativa: haber sido elaborada en lo oscurito y no con el parlamento abierto al que se había comprometido el propio gobierno.

A ver: nadie puede oponerse a que mejoren las condiciones laborales. Pero el solo hecho de que más de la mitad de los empleos en este país son informales, da idea de la complejidad e injusticia cotidianas en este sector fundamental de nuestra economía.

En la presentación de la iniciativa, el gobierno federal reconoce que hay 4 millones 600 mil trabajadores en el esquema de outsourcing, sin aclarar cuántos están o no debidamente amparados por la ley. En lo personal, no me cabe la menor duda de que muchos de ellos padecen bajos salarios, cero prestaciones y abusos sistemáticos de las empresas que los contratan. Pero hay también esquemas de subcontratación que cumplen con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y aún de nuestros dos más importantes socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá, donde el outsourcing es práctica común.

Por eso extraña que, al presentar la iniciativa, la joven secretaria Alcalde haya dicho que va a “cortarle los tentáculos al pulpo del outsourcing”. Y más aún, que el incumplimiento de la nueva ley y sus reglamentos, en el tema fiscal y de las cuotas al IMSS, equivaldrá a delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza. La criminalización del outsourcing como en ninguna otra parte del planeta.

Aunque la preocupación fundamental es qué va a pasar con los casi cinco millones de trabajadores en caso de que las empresas de subcontratación se vean obligadas a cerrar o consideren inviable su operación por una sobrerregulación asfixiante donde solo la Secretaría del Trabajo esté facultada a autorizarles ciertos contratos.

Porque, para empezar, en áreas críticas como la Salud, el propio gobierno vía IMSS e ISSSTE emplea a miles de trabajadores por el esquema de outsourcing con un presupuesto anual de 30 mil millones de pesos. ¿Los pondrán en la calle de un día a otro? ¿Ejercerá la 4T su divino don de la inoportunidad, acrecentando el monstruoso problema del desempleo en estos tiempos de la triple pandemia: sanitaria, económica y social? ¿Nadie en el gobierno federal se ha dado cuenta que es el peor momento para radicalismos?

Alarma esta actitud sistemática del gobierno lopezobradorista de acabar el todo por la parte: así pasó con el aeropuerto de Texcoco por “algunos casos de corrupción”, que nunca se documentaron; con las estancias infantiles, en donde cerraron las nueve mil, a pesar de que la Auditoría superior encontró irregularidades únicamente en el tres por ciento, o el más reciente manotazo contra el centenar de fideicomisos, con el sempiterno pretexto de la corrupción en solo algunos de ellos.

Y uno se pregunta, si de verdad nunca habrá oportunidad de diálogo con este gobierno, antes de que acabe de tirar al país al bote de la basura.

Ricardo Rocha