Muchos sucesos políticos han tenido lugar en este año. De las seis elecciones estatales celebradas, cuatro fueron para Morena y dos quedaron en la oposición. Morena ya suma 22 de las 32 entidades federativas de 2018 a la fecha (lo cual hace absurdo el discurso del carácter fraudulento del INE, que en realidad es un pretexto para debilitarlo y someterlo). En eso cuenta el hecho de que en muchos estados se repite el fenómeno nacional de 2018: hartazgo con el PRI y el PAN y la esperanza de que un nuevo partido genere un cambio real (sin importar que ese partido esté nutrido por los mismos que formaron el PRI y el PAN).
Es la ilusión de que nuevas siglas representan una realidad distinta. Ese mismo fenómeno podría reproducirse en Coahuila y/o en el Estado de México. Ahí a los ciudadanos les tiene sin cuidado que una delincuente electoral llegue a ser gobernadora (seguramente muchos ni siquiera están enterados de eso). Les parecen minucias a cambio del paraíso que ofrece Morena.
La carrera sucesoria de Morena empezó desde 2021, pero en este año se formalizó. Claudia Sheinbaum, identificada como la favorita de AMLO por casi todos, no ha parado de hacer campaña y eso se ha reflejado en un crecimiento de su intención de voto. Marcelo ha propuesto algunas medidas que equilibraría la contienda, como la renuncia al cargo actual, un debate entre los aspirantes (que probablemente sería una competencia de loas al presidente), y que las encuestas oficiales sean de una sola pregunta.
Claudia ha dicho que no renunciará por ahora (lógico, pues perdería todo el presupuesto capitalino para su amplia y vasta campaña). Espectaculares por doquier seguramente pagados con dinero público, lo cual es delito pero, ¿a quién le importa la ley a estas alturas?
Ricardo Monreal jaló los reflectores al ofrecer que votaría en contra del Plan B electoral, junto con algunos otros senadores de Morena (que en otros momentos lo han apoyado). Pero resulta que fue sólo su voto en contra (y el de alguien más), que por sí mismo era irrelevante. Al parecer quedó mal con todos (a menos que haya pactado con Adán López algo que no sabemos y que le sea benéfico, pero en Morena lo ven ya como traidor).
El acoso del gobierno al INE va con todo. Los argumentos para la reforma electoral no son sólidos: que los salarios de los consejeros, que el INE responde a la derecha (que ha perdido casi todo en estos años), que se requiere menos gasto, que la gente debería elegir a los consejeros y magistrados (como si fueran representantes populares, y sin mencionar que quien los propondría es el presidente y su partido). En lugar de despartidizar el INE, AMLO lo que busca es unipartidizarlo.
Fue sorpresiva, al respecto, la marcha ciudadana en defensa del INE por la cantidad de gente que participó en múltiples ciudades. Algo que fue tomado como un agravio por el presidente, que organizó la suya propia con todos los recursos del Estado. Al final no se aprobó la ley constitucional pero sí la secundaria, a la que le falta pasar por el proceso judicial dentro de los tiempos límites.
Todo lo cual refleja la disposición de AMLO de incurrir en lo que haga falta, dentro o fuera de la ley (que para él es un cuento chino) y así garantizar el triunfo de su partido en 2024. Eso mismo vaticina una probable nueva crisis de fin de sexenio (que no teníamos desde 1994).
Finalmente está el caso de la magistrada Yasmín Esquivel, que probablemente terminará mal para ella (e indirectamente para AMLO). Era la favorita presidencial para presidir la Corte, y ha actuado en beneficio del interés presidencial al margen del interés nacional. Avizoro que la Corte resolverá que la ministra debe renunciar, a menos que la Corte quiera quedar muy manchada.
Será una derrota política y moral para AMLO, que ha intentado minimizar el ilícito pese a que su partido consideró al plagio como sumamente grave en el caso de Peña Nieto (es el doble rasero de siempre).
