Es lugar común decir que 2021 ha sido un año bien difícil. A nivel personal, muchas personas experimentamos retos, pérdidas, frustraciones, algunos reencuentros. A nivel profesional también vivimos cambios difíciles: renuncias, cierres, despidos, pleitos, cansancio, la sobreexposición a los malditos —y amados— zooms. El conflicto entre el CIDE —donde investigo y doy clases desde hace más de 10 años— y Conacyt se suma a mi lista de duelos del 2021.
Comencé a trabajar ahí en 2011, cuando se abrió la nueva sede en Aguascalientes. Varios profesores que inauguramos el espacio nos mudamos de ciudad para recibir a la primera generación de estudiantes. En la sede se gestó y dio vida al Programa de Política de Drogas del CIDE, en el que colaboro y hoy es un referente internacional en el tema. Desde allí se publican trabajos sobre militarización, consumo, regulación de sustancias, punitivismo, etc. y se imparte un diplomado insignia en la materia. Antes de llegar al CIDE, nunca había visitado Aguascalientes. No conocía ni sus baños termales ni la feria de San Marcos. Hoy comparto ese espacio con personas maravillosas, provenientes de varios países, estados, disciplinas y creencias.
Desde agosto, sin embargo, el CIDE se ha convertido en un espacio de resistencia frente a los ataques de un director que fue impuesto desde Conacyt con el objetivo de alinear el trabajo —y opiniones— de las y los investigadores a las agendas de gobierno. “Son muy neoliberales” —dijo Romero Tellaeche, sin tomarse la molestia de conocer al claustro o a las/los alumnos. “Hay que cambiar su forma de trabajar”.
En el CIDE hay profesores de muchas disciplinas y pensamientos: neoliberales, liberales, socialdemócratas, socialistas y hasta algún anarquista; humanistas, formalistas, ecologistas, feministas, y un largo etc. La gran mayoría estamos comprometidos no solo con la institución sino también con nuestro trabajo. Publicamos lo que investigamos, aun cuando pueda incomodar a las cúpulas de poder (ya sea empresariales o políticas). Hasta hace poco nos sentíamos arropados en esa libertad por nuestra institución. De un día para otro, cambió la dirección del CIDE y vimos amenazada la independencia y libertad de investigación. Fue así que la comunidad pasó de las aulas a las asambleas; de la docencia en aulas a la defensa en el espacio público de la libertad de cátedra e investigación. Sí, defendemos algo que hoy es un privilegio: la libertad de expresión.
El conflicto del CIDE es gratuito, generado de la nada por José Antonio Romero Tellaeche y la directora de Conacyt. Peor aún, en un México convulso —desgarrado por la violencia, una economía tambaleante y una pandemia mundial sin precedentes— María Elena Álvarez Buylla ha considerado correcto dejar crecer el conflicto con la comunidad del CIDE. Ahora, varias universidades nacionales e internacionales se han pronunciado en apoyo a estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. En un documento que circula en redes, puede consultarse la larga lista —creciente— de pronunciamientos a favor de la comunidad cideita. En la última marcha al Senado, se sumaron miembros de la UDLA Puebla, la Universidad de Guadalajara, el Colmex, entre otras. Muchas personas entienden el conflicto del CIDE no sólo como el reclamo por la autonomía de una institución educativa en particular, sino como lo que vemos los profesores y estudiantes que estamos ahí: un ataque a la libertad de cátedra y de investigación.
No puedo dejar de preguntar por qué Romero Tellaeche quiere dirigir al CIDE. Una y otra vez ha mostrado su desprecio por la comunidad, un absoluto desconocimiento sobre cómo funciona y un profundo desinterés por sus procesos y normatividad. No entiendo por qué la directora de Conacyt está dispuesta a defender su decisión, a pesar del costo que está teniendo sobre el gobierno federal. La comunidad del CIDE no está opuesta al cambio. Que el director tenga buena interlocución con el gobierno en turno no nos asusta ni molesta, así ha sido siempre. Lo que nos agravia es el atropello, los despidos injustificados, la violación flagrante de las normas, la descalificación pública. Nos preocupa que crean que el CIDE debe servir al gobierno y no al país y a la sociedad. Somos una institución académica pública, servimos al Estado, no al gobernante en turno.
