“El vil chantaje de una banda de secuestradores criminales no debe recibir la dignidad de una respuesta política.”
Francesco Rutelli
Siempre es un error negociar con un chantajista. La mayoría de los gobiernos del mundo han adoptado el principio de nunca hacerlo. En México, sin embargo, la negociación se volverá la regla, por lo menos cuando los chantajistas sean allegados al partido de gobierno.
Un grupo de activistas de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene bloqueadas varias vías férreas en Michoacán desde el pasado 14 de enero. Las pérdidas que se han acumulado son cuantiosas. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo el respaldo de la CNTE en su campaña presidencial, ha sido empujar al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Silvano Aureoles, a negociar con los chantajistas.
El gobierno de Michoacán se vio obligado a solicitar un adelanto de presupuesto federal para depositar 200 millones de pesos a los líderes el 25 de enero. Prometió, además, que este lunes 28 pagará al sindicato otros 800 millones. Los líderes han tomado el dinero, por supuesto, pero dicen que no liberarán las vías si no se les depositan 5 mil millones de pesos en total.
Utilizar la fuerza pública para liberar las vías, cosa que le tocaría a ver al gobierno de López Obrador ya que las vías son concesiones federales, está descartado. La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, la morenista María Itzé Camacho Zapiain, visitó el campamento de los líderes de la CNTE y les dijo: “Tienen todo mi apoyo.” Les transmitió, además, un saludo del presidente López Obrador.
¿Qué pasa con las pérdidas millonarias que registran diariamente las empresas ferroviarias y los usuarios de sus servicios? Esas no importan. El gobierno federal, que para combatir el robo de combustible cerró los poliductos de Pemex y dejó a medio país sin gasolina, no se preocupa por las pérdidas que pueda sufrir una empresa privada cuando es tomada como rehén por un grupo político.
Más que el conflicto entre la CNTE y Michoacán, lo que preocupa es el mensaje que está mandando el gobierno federal en el sentido de que no aplicará la ley para evitar chantajes contra gobiernos que no pertenezcan a su partido ni contra empresas privadas. La decisión abre una enorme incertidumbre para quien desee invertir en nuestro país. Un inversionista deberá pensar muy seriamente antes de invertir en un país en que la autoridad no está dispuesta a actuar contra un extorsionador.
Esta legalización del chantaje tendrá un impacto inevitable en las inversiones. Solo podrá haber apuestas de capital en México que resulten tan rentables que compensen el riesgo de chantajes por grupos políticos. Otra posibilidad es que solo quienes estén cercanos al partido en el poder se atreverán a hacer inversiones. El estado de derecho se desplomará para abrir la puerta a un sistema de justicia discrecional en que el gobernante decidirá qué delitos perseguir y cuáles no.
En un estado de derecho las disputas que puedan tener un gobierno y un sindicato se dirimen en los tribunales sobre la base de la ley. En México la indiferencia de las autoridades federales ante un chantaje abierto de la CNTE al gobierno de Michoacán, que toma como rehenes a empresas privadas a las que provoca pérdidas enormes, ofrece una inquietante visión del futuro. Cualquier inversionista sabrá que tendrá que pagar a los extorsionadores porque el gobierno se ha comprometido a no aplicar la ley.
Tren Maya
¿Qué pasará si los activistas que se oponen al Tren Maya deciden bloquear la construcción o las vías una vez que el proyecto quede terminado? ¿Utilizará el gobierno la fuerza pública para liberar las vías o mandará a algún negociador a dar dinero a los líderes para que permitan el funcionamiento del tren?
