El pasado domingo 20 de septiembre, la Constitución Política del Estado de Hidalgo cumplió 100 años de vigencia, sin embargo, la fecha pasó sin pena ni gloria en todos los círculos académicos, políticos y sociales de la entidad, suceso extraño si se toma en cuenta el significado y trascendencia de este documento jurídico. Es importante recordar que nuestra entidad fue de las últimas en aprobar su ley fundamental, merced a que como producto de los enfrentamientos entre carrancistas y obregonistas se produjo un verdadero desencuentro, primero al interior del Congreso del estado y luego entre este y el titular del Ejecutivo hidalguense, el general Nicolás Flores Rubio, primer gobernador electo dentro de la nueva normalidad constitucional.
En efecto, en los comicios realizados el 13 de mayo de 1917, resultó triunfador el general Nicolás Flores, electo junto con los integrantes de la nueva legislatura, la 24 en la historia hidalguense, que sería investida también como Congreso Constituyente, a efecto de aprobar una nueva Ley Fundamental para el Estado, acorde con los presupuestos de la aprobada para todo el país en febrero de 1917.
El 12 de junio de ese mismo año, se instaló la Legislatura con 15 de los 16 diputados que la integraron, siendo estos: Eduardo del Corral, por Pachuca; Gustavo Durán, por Tezontepec; Ernesto Mancera, por Tulancingo; José Bárcena, por Tula; Narciso Paz, de Huichapan; Marcos López Jiménez, de Apan; Pioquinto Cobos, por Huejutla; Carlos Hernández y Lara,de Actopan; Homero Rubio, por Jacala; Delfino Pando, por Molango; José Ibarra Olivares, por Zacualtipán; Austreberto Bárcena, por Atotonilco el Grande; Antonio M. Hernández, por Metztitlán; Ismael Pintado Sánchez, por Zimapán —quien acababa concluir como diputado Constituyente en Querétaro, por el Distrito de Tulancingo— y el profesor Lauro Hernández, por Tenango de Doria. De ellos, ocho, encabezados por Austreberto Bárcena, eran simpatizantes del general Amado Azuara, quien a su vez era seguidor del general Álvaro Obregón; cuatro más, liderados por Eduardo del Corral, se confesaron seguidores del gobernador Nicolás Flores, hombre fiel a don Venustiano Carranza; los cuatro restantes se declararon independientes; de modo que para lograr voto calificado —dos terceras partes de los integrantes del Congreso— tanto carrancistas como obregonistas, deberían conseguir voto de los diputados libres, circunstancia más favorable para los azuarístas —obregonístas— que tan solo requerían de dos votos de los diputados libres para alcanzar la mayoría calificada.
En estas condiciones, el 23 de octubre de 1917, la Legislatura se erigió en Congreso Constituyente e inició la discusión del proyecto enviado por el gobernador Flores. Durante dos meses y medio más que discutir el contenido de los artículos del proyecto constitucional el Congreso se convirtió en centro de diatribas y descalificaciones de ambos bandos, de modo que el documento quedó plagado de desatinos e ironías jurídicas, tales como “aumentar el número de integrantes del Congreso de 16 a 20, prohibición de reelección para todo funcionario menos para los diputados, exigir que para ser gobernador del estado, se debería ser mexicano hijo de padres mexicanos —que aludía al hecho de que gobernador era hijo de un italiano—; la intervención Congreso en la selección de los candidatos a senadores, su autorización en la creación o supresión de empleos públicos, reconocimiento de Poder Municipal sumado al ejecutivo Legislativa y Judicial, desconocimiento de la figura del Ministerio Publico y otras muchas aberraciones más.
Como podrá colegirse, la rivalidad entre los grupos azuarista y florista, derivó en la redacción de diversas disposiciones constitucionales plagadas de errores y torpezas jurídicas, que exhibían la supremacía obregonista en el Congreso, por ello cundo el proyecto aprobado fue enviado al titular de ejecutivo hidalguense para su promulgación, en enero de 1918, el gobernador se negó a aprobarlo en tales términos, pues era absurdo y hasta inconstitucional emitirlo debido a las múltiples contradicciones con la Constitución General de Republica de 5 febrero de 1917. La legislatura entonces argumentó que el gobernador no podía oponerse a las decisiones del Constituyente –amplias y autónomas– y se armó una verdadera disputa político-jurídica, con intercambio de ocursos y declaraciones, en las que ambos bandos argüían tener la razón. El gobernador Flores aseguraba que documento se oponía a la nueva constitución y en términos de lo preceptuado en el artículo 41 de la Constitución Federal –las constituciones locales no pueden contravenir en ningún caso a la Constitución General del país– pues se incurría en desacato a un mandato superior, en tanto que el Congreso, aludía a la obligación de respetar la decisión del constituyente.
El asunto terminó en los terrenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que después de varias consideraciones, aceptó el asunto como “Controversia Constitucional”. El proyecto de resolución se llevó a votación del pleno en la sesión del 13 de febrero de 1920, pero como el Ministro, Alberto Mariano González, originario de Atotonilco el Grande, se excusó de conocer del asunto debido a su interés, por ser posible candidato a la gubernatura hidalguense, la votación como caso insólito se empató y aunque se citó a un nuevo pleno, el 1º de abril de ese mismo año, como la 24ª Legislatura concluyó sus funciones y fue de inmediato fue sustituida tras una rápida e inteligente maniobra del gobernador, por los integrantes del 25º Congreso.
En virtud de lo anterior, los nuevos diputados primeramente se desistieron de la controversia constitucional plantada ante la Suprema Corte y luego procedieron a desechar las reformas propuestas por sus antecesores y a aprobar el proyecto constitucional del gobernador, que finalmente fue promulgado el 20 de septiembre de 1920. Debido a estos hechos, nuestra Constitución local fue la última en secundar a la Carta Magna de 1917.
La gráfica corresponde al libro de actas del constituyente, que aprobó el primer proyecto de Constitución hidalguense en 1917.
