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A criterio deColumnasSalvador García Soto

Caso Tamaulipas, la controversia de la controversia


A pesar de la claridad y contundencia del fallo con el que el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, explicó y argumentó su decisión de desechar por “notoriamente improcedente” y “falta de interés legítimo” la Controversia Constitucional del Congreso de Tamaulipas, al considerar que ese órgano del Poder Legislativo local ejerció una facultad constitucional que le da el artículo 111 y decidió libremente no homologar el desafuero de la Cámara de Diputados, con lo que le mantuvo la “protección constitucional” al gobernador de su estado, Francisco García Cabeza de Vaca, el desechamiento ha desatado otras interpretaciones, sobre todo de la parte federal, que insiste en que el mandatario tamaulipeco “no tiene fuero y puede ser detenido”.
Varios personajes de la 4T sostienen esa interpretación de que, al desechar la controversia, el ministro González Alcántara “dejó las cosas como estaban” y por lo tanto se mantiene la decisión de la Cámara de Diputados de quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, por lo que la Fiscalía General de la República está en posibilidad legal y constitucional de proceder en su contra. Desde el consejero Jurídico, Julio Scherer, hasta la exministra de la Corte y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pasando por los líderes parlamentarios de Morena en el Congreso federal, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, sostienen que la decisión del ministro no favorece al gobernador ni le mantiene el fuero constitucional.
Haría falta ahora, ante tan disímbolas interpretaciones de su fallo de desechamiento, que el ministro Juan Luis González Alcántara saliera a explicar no sólo su decisión de no admitir la Controversia tamaulipeca para su estudio y análisis, sino también los argumentos jurídicos y constitucionales que argumentó para su decisión, en los que claramente indica que no hay materia para controvertir, porque el Congreso local pudo tomar su decisión sin que nadie se lo impidiera, e incluso en uno de los párrafos dice que no se podrá proceder penalmente contra el gobernador “hasta que concluya su encargo”, es decir hasta después de 2022, porque sigue gozando de la protección constitucional del fuero porque así lo decidieron por mayoría los diputados locales.
Un abogado de la 4T, muy cercano a Palacio Nacional, que nos pidió guardar el anonimato, nos mandó este razonamiento, por el que afirma no sólo que Cabeza de Vaca sí puede ser detenido por la FGR porque ya no tiene fuero, sino que incluso cuestiona la redacción y argumentación utilizada por el ministro González Alcántara: “Los desechamientos dejan las cosas tal y como estaban, como si nunca se hubiera presentado juicio alguno; ahora el ministro se excede al intentar establecer una realidad jurídica haciéndolos pasar como ‘argumentos del Desechamiento’, pero el procedimiento para que los asuntos que llegan a la Corte tengan efectos constitutivos o declarativos de derechos, pasa por que sean votados por la Sala que le toque conocer. El ministro en un fast track se ahorra todo eso, no pasa a votación proyecto de resolución alguno y tampoco desecha en el fondo el asunto. La FGR puede detenerlo (a Cabeza de Vaca)”, sostiene ese jurista.
Así es que mientras en Tamaulipas y en varios estados celebran como un “triunfo del federalismo y la autonomía de las entidades federativas” el fallo y hasta el gobernador y sus abogados sostienen que el integrante de la Corte terminó dándoles la razón jurídica y constitucional; en el gobierno federal están molestos y sostienen lo contrario, incluso con voces que le piden y urgen al fiscal Alejandro Gertz que ya proceda penalmente y solicite una orden de aprehensión contra el gobernador. Todo en medio de las campañas electorales enrarecidas y afectadas por la violencia, tanto del crimen organizado como del discurso y la confesa intromisión presidencial en los comicios federales y locales. ¿Alguien o algo pondrá fin a la controversia de la controversia?

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