El gobierno de México solicitará, por las vías diplomáticas correspondientes, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA le entreguen un expediente con las pruebas que tuvieron para solicitar la detención y el procesamiento del general Salvador Cienfuegos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a fin de que sea analizado por las áreas jurídicas mexicanas para saber si hay o no elementos que justifiquen las graves acusaciones contra el exsecretario de la Defensa. En caso de que se niegue la información del proceso en contra del general retirado, las autoridades mexicanas podrían restringir, en represalia, la colaboración y el intercambio de información con la DEA en el combate al narcotráfico.
Esa es la posición que definió el presidente López Obrador con su gabinete de seguridad y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de analizar detalladamente el hecho que los tomó por sorpresa el pasado 15 de octubre, cuando sin ningún tipo de aviso o comunicación oficial, fue detenido el exjefe del Ejército mexicano, con todo y su familia, cuando llegaba en un avión a la ciudad de Los Ángeles. Antes de definir cualquier acción o investigación interna, en un caso que al propio jefe del Ejecutivo mexicano lo agarró en un principio desinformado y sin conocer bien las acusaciones contra Cienfuegos, la administración lopezobradorista determinó que se deben conocer las pruebas con que cuenta la justicia estadounidense y su agencia antidrogas para haber hecho una detención inédita que golpeó a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Y es que en un análisis interno que hicieron miembros del gabinete de seguridad federal, al menos un par de secretarios que participaron en esas reuniones, barajaron que la detención del general Cienfuegos podría ser una represalia de la DEA por el caso del fallido operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, ocurrido el 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán. Aquella detención se planeó y ejecutó con información de inteligencia que entregó directamente la agencia antidrogas estadounidense.
Para la DEA, el Ejército mexicano siempre ha estado vinculado al Cártel de Sinaloa y a sus distintas derivaciones. El intercambio de protección y un supuesto “padrinaje” hacia los narcos sinaloenses son parte del argumento histórico con el que la agencia antidrogas del país vecino ha justificado su animadversión hacia los militares mexicanos, una desconfianza además mutua porque tampoco en el Ejército confían en la DEA ni aceptaban su intervención y operaciones en territorio de México.
Lo que llevó al presidente López Obrador a rectificar su posición original en torno a la presunta culpabilidad del general Cienfuegos, cuya detención en un principio mencionó como “muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, fue la enorme presión que se generó en las Fuerzas Armadas, en donde generales retirados y algunos en activo, cuestionaron que el gobierno de México validara, sin conocer pruebas ni la investigación, las acusaciones estadounidenses en contra de un exsecretario de la Defensa del país. Las expresiones de descontento y desánimo entre las cúpulas militares, por la posición inicial del Presidente, hicieron que López Obrador replanteara el tratamiento del asunto y decidiera primero exigir pruebas al gobierno de Estados Unidos, antes de validar un proceso judicial que aún genera dudas sobre su solidez y veracidad en México.
Para presionar al departamento de Justicia y la DEA, es que se decidió condicionar a que si no se entregan pruebas, el gobierno mexicano revisará sus acuerdos de cooperación y de intercambio de información e incluso la entrega de narcotraficantes detenidos, particularmente con la DEA, de cuyas razones para detener y acusar al militar mexicano no se tiene plena certeza ni confianza. ¿Mandarán desde Washington las pruebas que exigen en Palacio Nacional? …Los dados mandan Escalera. Subimos.
