José Heriberto Rojas Lemus fue detenido en Ojinaga, estado de Chihuahua, al lado de presuntos miembros del grupo criminal conocido como La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez, en julio de 2008.

Al joven Rojas Lemus, que no llegaba aún a los 20 años de edad, le dieron toques en los testículos: querían sacarle información sobre el asesinato de Isauro Pérez, soldado al que alguien había acribillado hacía unos días.

Rojas Lemus se convulsionó y desvaneció durante la tortura. Los militares llamaron a un médico, a fin de que “lo reviviera”. Al joven, sin embargo, se le había ido la vida. El cuerpo fue subido a una camioneta y conducido a un rancho cercano. Los militares, al mando del mayor Alejandro Rodas Cobón, le prendieron fuego y luego dispersaron las cenizas en un arroyo.

En agosto de ese año una denuncia llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Defensa se vio obligada a llevar a cabo una investigación. En un primer momento negó que hubiera militares involucrados y que existiera registro de que un José Heriberto Rojas Lemus hubiera ingresado alguna vez a instalaciones de carácter militar.

Se comprobó que elementos de la Tercera Compañía, a quienes los medios bautizaron como El Pelotón de la Muerte, habían realizado sistemáticamente, entre 2008 y 2009, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, torturas, asesinatos y violaciones a las leyes de inhumación.

El excomandante de la guarnición militar de Ojinaga, el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien según las autoridades había dado órdenes directas para que Rojas Lemus fuera desaparecido, fue acusado de robar los inmuebles que “el pelotón” cateaba.

Moreno Aviña recibió en abril de 2016 la pena más alta que ha recibido en México un militar de su rango: 52 años (a los que se sumaron otros 10 al ser hallado responsable del robo a un inmueble).

Resulta paradójico que días antes de que la sentencia fuera dictada, el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciera una disculpa pública a la sociedad, por los actos de tortura que dos miembros del Ejército habían cometido en contra de una mujer en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.

Altos mandos de la Sedena recuerdan hoy ese discurso, y entienden que la detención del exsecretario de la Defensa representa una crisis mayor, y también un golpe devastador para la moral de una tropa que lleva más de una década enfrascada en “una lucha que nadie quería librar y que ha sido sostenida por lealtad”.

Desde la aprehensión, la cúpula militar ha transitado del estupor, a la consternación, al dolor, a la extrañeza. Militares de alto rango consultados ayer lunes afirman que Cienfuegos fue un modelo dentro de la Sedena. Durante un cuarto de siglo ocupó cargos en el sistema educativo militar (fue director del Colegio Militar; subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor, director del Centro de Estudios del Ejército) y fue un ejemplo.

El Ejército entero trabajó bajo sus órdenes. “Todos somos los mismos, los que estuvimos con Calderón, los que estuvimos con Peña Nieto, los que estamos ahora con el presidente López Obrador. Por eso la noticia nos tiene consternados”, relata un general.

Pregunto qué tan verosímil suena, para la cúpula militar, la acusación de la DEA. Transcribo la respuesta: “No tenemos información. Hasta que no haya algo más, le damos a Cienfuegos el beneficio de la duda”.