Más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no solo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión. La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual presidente no solo un “gobierno espurio” sino también un “narcoestado”.
Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto porque acusara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra. La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en 2009.
Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el gobernador priista de Veracruz de aquel entonces, los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht, para quien ya operaba asuntos financieros e inversiones en México. Lozoya contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados. Fue así que, incluso antes de conocer a Peña Nieto y de colaborar directamente con él, Emilio Lozoya ya tenía una relación cercana con la familia Odebrecht y ya operaba asuntos para ellos en México en el gobierno de Felipe Calderón.
Es con esa información detallada proporcionada por Lozoya que están armando la acusación contra el gobierno de Calderón y con la que podrían llamar a declarar al expresidente en calidad de acusado. Y aunque lo mismo pasaría con Peña Nieto, a partir del dinero que ingresó a su campaña y los sobornos de hasta 500 millones de pesos que el expresidente y Luis Videgaray ordenaron pagar a diputados y senadores para aprobar las reformas peñistas, y que ayer el presidente decía que los dos exmandatarios y todos los acusados por Lozoya tienen que acudir a declarar ante la justicia, en la realidad el principal interés de este juicio, al menos desde Palacio Nacional, está en las acusaciones contra Calderón y no tanto hacia Peña Nieto.
El propio Presidente ha dicho a sus cercanos que Peña y Videgaray podrían declarar incluso por escrito o mandar su declaración firmada a la FGR, pero en el caso de Calderón sí se buscará por todos los medios legales que sea presentado ante un juzgado y que responda por los señalamientos y hechos irregulares y de corrupción que acusa Emilio Lozoya en el contrato otorgado a Odebrecht y a su filial Brasken para la producción y venta del etileno producido en su planta de Coatzacoalcos. Así que serán dos exmandatarios bajo proceso judicial, pero tal vez no a los dos se les juzgue con la misma dureza de la ley… Los dados mandan capicúa. Repetimos el tiro.
