El Bronco a la boleta, la ley al bote de basura y las instituciones al desprestigio. Doce veces Jaime Rodríguez Calderón El Bronco acudió a las oficinas del INE a constatar la calificación de los apoyos ciudadanos (firmas y datos de credenciales de elector) que había recibido para lograr su registro como candidato independiente a la Presidencia de
la República. Sin embargo, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobernador de Nuevo León con licencia no tuvo garantía de audiencia, y por ello el TEPJF –en votación dividida de 4-3– ordenó su inserción en la boleta comicial. Y es obligado preguntar: si no tuvo garantía de audiencia, ¿lo pertinente no era reponer el procedimiento? En las revisiones conjuntas que hizo con el personal del INE, El Bronco logró subsanar poco más del 8 por ciento de los registros de apoyo considerados inválidos, y eso les bastó a cuatro magistrados de la Sala Superior del TEPJF para presumir que, si hubiera tenido garantía de audiencia, habría acreditado la totalidad de los apoyos requeridos. ¿Y el casi 92% restante –preguntaría Perogrullo– no hace suponer lo contrario? La certeza es uno de los principios constitucionales en materia electoral. La inserción de Rodríguez Calderón en la boleta se materializa con base en la presunción, no en la certeza. Con un cinismo sorprendente, los magistrados de la mayoría –Felipe Fuentes (ponente), Indalfer Infante, Mónica Soto y José Luis Vargas– argumentaron que estaban tomando una decisión garantista, cuando lo que en realidad estaban haciendo era proteger la trampa y la impunidad. La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, los cuestionó así: “Las autoridades jurisdiccionales y administrativas no podemos permitir que cualquiera que aspire a un cargo, de inicio realice acciones que cuestionen su ética y compromiso con la democracia”. Ahora bien, con todo y sentencia favorable, el gobernador nuevoleonés con licencia no debió ser registrado con tanta premura, porque el TEPJF validó los apoyos ciudadanos al revocar el respectivo acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pero nada más. Es decir, el INE no debió conceder el registro de forma automática, pues tiene la obligación de revisar si Rodríguez Calderón cumple con todos los demás requisitos. Como bien apuntó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la autoridad electoral debe valorar aspectos adicionales a la obtención del porcentaje de apoyo de la ciudadanía, como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de las obligaciones en materia de fiscalización.
¿Cumple El Bronco con la elegibilidad si posee un cargo de elección popular y pretende buscar otro? ¿Cumple con la fiscalización cuando hay 17.3 millones de pesos en financiamiento sospecho- so, 1.6 millones de gasto no reportado y 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados (Reforma, 10/04/18)? Adicionalmente, aunque la Fepade está como desaparecida tras la defenestración de Santiago Nieto, ¿qué pasará con un candidato que presuntamente cometió delitos electorales en el proceso de recabar apoyos? Es difícil suponer que obraron autónomamente los cuatro magistrados que favorecieron al Bronco. Sus sinrazones son de tal magnitud que inducen a pensar que, sencillamente, acataron una instrucción, una línea dictada desde alguna oficina del Ejecutivo o del PRI. No hay duda de que, en medio de la deses- peración por mantener el poder, a este gobierno no le importa llevarse entre las patas a las instituciones, aunque en este caso se trate de la máxima autoridad en materia electoral. No le importa, si se trata de favorecer a su alicaído candidato presidencial. Confían en fragmentar de tal manera el sufragio, que José Antonio Meade pueda ganar con el voto duro priista y con el voto comprado. Contra los infundados argumentos “garantistas” de Soto, Fuentes, Vargas e Infante (éste pareció poco convencido de su posición pública, o sea, el menos cínico), en la sesión de madrugada del TEPJF del martes 10 de abril, fueron esperanzadoras las razones y la posición de la presidenta Otálora Malassis y los magistrados Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, quienes votaron en contra del atropello a la ley, a la lógica y el sentido común. De cara al futuro, quizá no todo está perdido en la Sala Superior.