Como parte de nuestra investigación periodística, el equipo de Fronteras de la Ciencia encontró una relación de empresas transnacionales inhabilitadas por incumplimiento y prácticas corruptas dadas a conocer por el Banco Mundial, que se han dedicado en varios países del mundo, incluyendo a México, a la emisión de pasaportes, licencias de manejo, credenciales para votar y cédulas de identidad.

En la lista de las empresas inhabilitadas para signar contratos con el grupo Banco Mundial se publican firmas de empresas internacionales que llaman la atención, como Odebrecht, China Railway, Datacard Corporation y Obertur Technologies, entre otras, quienes cambiaron su razón social a Entrust Datacard Corporation (EDC), compañía americana de tecnología con oficinas en todo el mundo, incluyendo nuestro país, con cinco diferentes razones sociales.

Otra empresa que también cambio su nombre es Oberthur Technologies, que ahora se llama Idemia. Dichas compañías se han dedicado en México a proveer al gobierno y a los bancos programas de cómputo y equipo para la fabricación de varios documentos oficiales, como la credencial para votar (IFE), licencia de manejo en varios estados de la república o tarjetas de crédito de bancos; por lo consiguiente, el personal de estas corporaciones tiene acceso a la base de datos de los mexicanos para la elaboración de los documentos y tarjetas.

Los negocios de la empresa Datacard, para México, son tan importantes que cuentan con cinco razones sociales diferentes; llama la atención que dicha práctica no la tienen en ninguno otro lugar del mundo, como Australia, Francia, Gran Bretaña, India, Canadá, Brasil y Estados Unidos, donde solo manejan una razón social, esto es un enigma.

La sanción a esta empresa multimillonaria dirigida por Todd Willkinson, por parte del Banco Mundial, se debió a la “colusión en prácticas de fraude y corrupción en el proyecto de la cédula de identidad nacional de la República Popular de Bangladesh, plan que fue adjudicado en 2018, auditado y sancionado por incumplimiento, por prácticas corruptas, de acuerdo con la vicepresidencia del Banco Mundial”.

Como es sabido, el Banco Mundial es una organización multinacional de asistencia en finanzas para los países en desarrollo y su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros, fue creado en 1944 como parte del acuerdo Bretton Woods y tiene su sede en la ciudad de Washington D.C.

Llama la atención que una filial de la poderosa empresa alemana Quandt tenga prácticas de corrupción en una de las naciones más pobres del mundo como R.P. Bangladesh, con una población total de 167 millones de habitantes y con PIB (nominal) de apenas de mil 500 dólares per cápita.

Esta situación nos obliga a recordar las malas prácticas en el IFE, que a pesar de la entrada en vigor la ley federal de datos personales, según información publicada en el periódico Excelsior (24/7/2012), “el padrón capitalino de las bases de datos de los ciudadanos mexicanos en posesión del IFE se ofrecía en formato digital y se entregaba en menos de 24 horas en la plaza de Santo Domingo”

“Estos casos se detectaron desde 2003, cuando la empresa estadunidense ChoicePoint declaró que obtuvo la base de datos del IFE por medio de una empresa mexicana estrategia en informática y las investigaciones de la PGR que desembocaron en un delito menor”. Llama la atención que, en ese entonces, quien elaboraba la llamada credencial para votar fue Unisys, con equipos y sistemas de la empresa Datacard, ¿coincidencia?

Esta empresa Datacard, a través de las múltiples razones sociales con las que se maneja, ha estado presente con sus equipos en programas tan cuestionados en desvío de recursos públicos como del hoy extinto Seguro Popular, dirigido entonces por el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, excomisionado nacional de Protección Social en Salud y coordinador de Amigos de Fox, que en su momento fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.

La periodista Erika Ramírez público en el Excelsior: “Costó al erario público más de 368 millones de pesos y la dependencia a cargo de German Martínez Cázares, resolvió el 31 de mayo 2006 que Fernández Ortiz, excomandante de Amigos de Fox, fuera inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrarse responsable de abuso de autoridad, según el expediente número 15/2007-Bis de la función pública, por la negociación de la compara de 3.7 millones de tarjetas inteligentes a la empresa Image Technology.

Es increíble que corporaciones con alta tecnología y recursos ilimitados no tengan el control y la ética necesaria para evitar prácticas de corrupción que los lleven a ser inhabilitados mundialmente.

Debemos tener mucho cuidado con el manejo de la información personal que entregamos a instituciones públicas y privadas, quienes son responsables de resguardarlas, y de no hacerlo, deben ser sancionadas de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y leyes aplicables en la materia.

Fernando Fuentes