Las auditorías practicadas por los órganos rectores del gasto público, aun cuando se han convertido en una ventanilla de trámite, ponen en la balanza a los actuales responsables de cada dependencia, sobre todo cuando afirman tener aspiraciones políticas.

La pandemia, que ha mantenido cerradas las deliberaciones de los partidos políticos, obligaran que, de un momento a otro, salgan con sus mejores aspirantes y entre ellos, sin duda, habrá funcionarios públicos que buscarán brincar a una diputación, por considerar que así servirán mejor a su patrón en la elección del 22.

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo emitió apenas su tercera entrega, donde resume que 103.2 millones de pesos tienen que ser aclarados o regresados por los administradores del presupuesto, incluyendo funcionarios estatales y municipales, debido a que sus cuentas no cuadran.

Esta cantidad es irrisoria si tomamos en cuenta el ejercicio de más de 50 mil millones de pesos, pues de ser cierto, estaríamos en manos de los mejores administradores del país, porque el margen de pérdida es menor. Por desgracia, la verdad no se puede ocultar en los índices de atraso en que se encuentra Hidalgo.

Bien, al revisar cuentas de algunos entes tan controversiales, como Radio y Televisión de Hidalgo –donde se anidaron desfalcos millonarios bajo el sello de la Estafa Maestra—, se lee en los resultados de la revisión que hay pendiente de 149 mil pesos y centavos de los 303 millones de pesos ejercidos en 2019.

Es cosa minúscula la cantidad y podríamos pensar que está bien administrado; sin embargo, ese resultado es incongruente con algunos detalles marcados por los auditores: “No tiene identificados factores de riesgo, como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la entidad”.

Además, plantean el desconocimiento de un Código de Ética y del Código de Conducta y esto hace que no exista “evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad”.

Podrían resultar fatuas estas consideraciones, sin embargo, Cristian Guerrero Barragán es un fuerte aspirante a una candidatura, al menos así lo demuestra la campaña en que se encuentra, porque de otra manera no se podrían justificar actos narcisistas de un funcionario público.

En reciente entrevista de paga con un magazine, muestra sus cualidades adquiridas en los nueve años que lleva en ese espacio público. Y busca crecer tanto que en dos años recibió sendos títulos de abogado y otra de comunicador.

Los detalles sobre este funcionario fueron tomados al azar, y nos muestra la calidad de aspirantes a cargos de elección popular. Claro, sin dejar de pasar por alto cosas tan sencillas como su actitud displicente para licitar servicios de resintonización por 1 millón 497 mil 144 pesos con 75 centavos que fueron entregados de manera directa a un proveedor. En esta auditoría, por desgracia no habla de los carentes contenidos en su programación, de sus repetidos conciertos de Mijares y Napoleón como esencia misma de una mal entendida televisión pública y ni qué decir de la ofensa reiterada al lenguaje y a la inteligencia de los espectadores.

Nimiedades: De comprobarse que Sonia Ocampo ordenó que el almacén del hospital de Taxhadó fuera habilitado como oficinas sindicales, tendrá mucho que responder sobre el incendio.