Decepciona que, desde el micrófono de las mañaneras, el presidente López Obrador reaccione a la pregunta de cómo responderá el gobierno ante la acumulación de los asesinatos de activistas, con una risita que más que resultar empática, indigna. Habrá entre los lectores, quienes ya no se sorprendan, supongo que somos cada vez menos los que esperamos que el presidente muestre al menos, la sensibilidad de sus discursos de campaña, ahora que ya ocupa la investidura presidencial, sobre todo, cuando un asesinato no solo priva la vida de una persona entregada a su comunidad, sino cuando con ello se busca matar la causa, allanar el camino de los asesinos y privar de derechos y libertades a mexicanas y mexicanos.

Una persona que se dedica al activismo asume la responsabilidad de despertar la consciencia de la ciudadanía en temas que afectan espacios y decisiones públicas. ¿Olvidó el presidente el camino allanado por cientos de activistas amedrentados o asesinados en gobiernos anteriores que elevaron la exigencia de la sociedad al Estado? ¿Esas vidas y el impacto de su trabajo comunitario ahora lo incomodan?

Los 56 activistas asesinados durante la administración del presidente López Obrador, de acuerdo con la organización Frontline Defenders y la CNDH, tenían diferentes agendas, como la defensa del medio ambiente, el territorio, los derechos humanos, los pueblos indígenas o la comunidad LGBT.

Afortunadamente, aunque sin conseguir que recapacite, la Secretaría de Gobernación le corrigió la plana al presidente, al anunciar que no solo son 56 activistas, sino 68 los asesinados.

Hoy tras tres sexenios de nula protección a defensores sociales, en un contexto de simulación y ahora de indiferencia, han perdido la vida cientos de activistas dedicados a proteger el hábitat de la mariposa monarca, al pueblo yaqui o al triqui, a nuestra libertad de expresión, a la seguridad comunitaria, al derecho al agua o de quienes han enfrentado la invasión y corrupción de empresas inmobiliarias.

No es coincidencia que Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Baja California Sur sean las entidades con mayor número de líderes sociales asesinados. A la instalación de hidroeléctricas, minas o megaobras le preceden normalmente conflictos comunitarios, intervención de fuerzas armadas en la zona y desplazamiento de las familias más vulnerables. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el asesinato de líderes defensores de la tierra se disparó, sumando un total de 64. Otra de las causas más golpeadas con líderes asesinados en ese sexenio fue la defensa de los derechos humanos. Entre 2012 y 2018 mataron a 161 activistas de derechos humanos, de acuerdo con el Informe de Red Nacional de Organismos Civiles por los Derechos para Todos y Todas.

Los antecedentes con Felipe Calderón ya marcaban también una preocupante tendencia: entre 2006 y 2012, 63 defensores de derechos humanos fueron asesinados y cuatro permanecen desaparecidos.

La calidad de la política depende no solo de lo que hagan o dejen de hacer los políticos profesionales sino del contexto de exigencia (o no) en el que despliegan sus iniciativas.