Otra vez Salvatierra. “Se desconoce el motivo de la agresión y el sitio por donde huyeron los responsables”, declararon inicialmente las autoridades del estado.

A las 18:30 del lunes pasado, los tripulantes de una camioneta roja irrumpieron en un taller de motos de San Nicolás de los Agustinos y barrieron con armas largas a siete personas.

Dos de las víctimas eran menores de edad, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato. Tenían 16 y 17 años.

Otras dos víctimas eran oriundas de la cercana población de El Sabino. Formaban parte de un club de motos conocido como “Los Caballeros del Asfalto”.

Los testigos escucharon decenas de detonaciones, Alguien declaró que “creía haber visto” que la camioneta perseguía a dos personas. “Probablemente buscaron refugio en el taller”, comentó una fuente de la policía.

Las indagaciones arrojan que tres de las víctimas carecían de antecedentes criminales: más inocentes que pierden la vida sin deberla ni temerla, en medio de las pugnas del crimen organizado.

Dos víctimas más fueron vinculadas con un asunto de robo de motocicletas.

Apenas el 4 de junio, en el centro de Salvatierra, un comando se metió en un domicilio y acribilló a cuatro personas. En el lugar estaba una niña de cinco años, quien perdió la vida. “Se desconocen los motivos del ataque”, señalaron, también en esa ocasión, las autoridades.

El 28 de mayo pasado fue asesinado en Salvatierra, de 15 impactos, el abogado de 27 años, e integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier Barajas Piña.

El abogado se había unido a la comisión para buscar a su hermana, la maestra Guadalupe Barajas, cuya desaparición en febrero de 2020, precisamente en el centro de Salvatierra –calle Guillermo Prieto– lastimó profundamente a los guanajuatenses.

Una hora antes de que el teléfono de la maestra fuera desactivado, su cuenta bancaria registró un retiro de 15 mil pesos.

No volvió a saberse de ella. Nueve meses más tarde, colectivos que buscan familiares de desaparecidos llegaron a Salvatierra: habían recibido, de parte de un miembro de la delincuencia organizada que buscaba obtener beneficios a cambio de esa información, el aviso de que en un predio situado a espaldas del rastro municipal, había una inmensa fosa clandestina.

En esa “megafosa” había 79 cuerpos inhumados a flor de suelo.

Además del espectáculo dantesco de los restos, ante los ojos de los buscadores emergieron los objetos que habían pertenecido a las víctimas: sus zapatos, sus llaveros, sus ropas, sus pulseras, sus collares.

Emergieron también los diabólicos objetos empleados por los asesinos. Machetes, palas, tenazas, cuchillos.

Herramientas para despedazar y para sepultar.

Ahí estaban los restos de la maestra Guadalupe, a quien su hermano Javier buscaba desde febrero.

El hallazgo de la fosa donde el Cártel de Santa Rosa de Lima inhumaba clandestinamente a sus víctimas, debió ser un escándalo mayor. No lo fue. Incluso se le trató de ocultar.

No fueron un escándalo tampoco los relatos de los vecinos de Salvatierra, que desde mucho tiempo antes hablaban de persecuciones, gritos nocturnos, movimientos de camionetas en las inmediaciones de aquel predio.

No son un escándalo, incluso, los 86 mil 370 muertos registrados hasta hoy en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Una medianoche de febrero pasado cazaron en una calle de Salvatierra al hermano de la maestra Guadalupe.

Le dieron 15 tiros.

No hubo reclamos. Tampoco escándalo. No pasó nada.

No resulta extraño –es hasta natural– que ahora los tripulantes de una camioneta roja entren a tiros en un taller de motos, y en cosa de segundos maten a siete, entre ellos a dos menores de edad.

En México, la violencia está desbordada. La falta de respuestas, también.