Una de las razones por las que 53% de los electores votó a favor de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial del 1 de julio fue el compromiso de acabar con la corrupción que desde siempre ha caracterizado a un alto número de funcionarios, sin importar que pertenezcan al poder ejecutivo, legislativo o judicial, que trabajen para organismos federales, estatales o municipales, o que tengan un cargo de alto, mediano o bajo nivel.

Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, dijo muchísimas veces el hombre que dentro de solo 26 días se convertirá en el sexagésimo quinto presidente de México, para así explicarnos que si el jefe del gobierno federal es honesto, igual de honestos serán todos sus subordinados, desde los secretarios de Estado hasta los burócratas de más bajo nivel.

Predicar ser honesto con el ejemplo es la propuesta de AMLO. Pero, ¿qué tan dispuestos estarán para imitarlo quién sabe cuántos deshonestos, corruptos y extorsionadores que seguramente hay entre los 1.4 millones de burócratas federales que quedarán en la nómina a partir del 1 de diciembre, después de que hayan sido despedidos siete de cada 10 empleados de confianza?

Y no solo ellos, ¿querrán cambiar muchos de los corruptos que hay entre los aproximadamente 3.2 millones de servidores públicos contratados por los gobiernos estatales y municipales, incluidos gobernadores, presidentes municipales y otros funcionarios con mala reputación? ¿E imitarán también a Andrés Manuel cada uno de los legisladores, ministros, jueces, magistrados y los miles de burócratas que trabajan para ellos en las cámaras legislativas, juzgados y tribunales federales y estatales?

De todas las promesas que como candidato presidencial hizo, la de abatir la corrupción demostrará ser la más difícil de cumplir porque, a diferencia de lo que representa una decisión unilateral, como es cancelar la construcción de un aeropuerto, disminuir los vergonzosos niveles de corrupción que hay en el país requiere de la decisión de millones de servidores públicos que, para apoyar al presidente de la república, deberán estar dispuestos a ser honrados, a no tolerar actos de corrupción dentro de sus filas y a estar preparados para denunciar y probar la deshonestidad de sus jefes, subordinados y compañeros de trabajo.

Muchos militantes de Morena no comparten la visón de su caudillo. El reprobable comportamiento observado desde el 1 de julio en varios de sus legisladores federales y locales, presidentes municipales y alcaldes, hayan sido electos o estén ya en funciones, así lo demuestra.

No dudo de la honestidad del próximo presidente de México, pero no puedo decir lo mismo de muchos de los que conformarán su gobierno. El hecho de que haya varias personas que no reúnen las cualidades mínimas para desempeñar eficaz y eficientemente los cargos dentro del gabinete presidencial ya es una evidente muestra de su deshonestidad y ambición desmedida.

Eduardo Ruiz-Healy