Las crisis, como las guerras o el colapso económico, revelan las fortalezas y debilidades de las sociedades y modifican el marco de referencia sobre cómo pueden y deben organizarse. Con el arranque de la pandemia en 2020, muchos analistas argumentaron que esta expondría la irracionalidad y fragilidad del sistema económico global moderno; sin embargo, en realidad acabó poniendo de relieve la asombrosa resistencia del capitalismo esgrimido por el Estado solidario, y sobre todo, la diferencia seminal —más allá de orientación ideológica o resiliencia democrática— entre gobiernos eficaces e ineficaces.
Pero el Covid-19 también demostró que es el Estado benefactor en sí el que necesitaba modernizarse. Este nació en un momento y orden social diferentes y para protegerse de riesgos distintos a los de hoy. Mientras que la seguridad social en Europa nació a principios del siglo XX, la estadounidense surgió en respuesta a la Gran Depresión. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que condujo al nacimiento del moderno Estado de bienestar europeo, con beneficios universales para protegerse contra la pobreza y brindar atención médica universal y educación.
Hoy el contexto es otro. La pandemia que estalló hace más de un año con el teletrabajo y el cierre de escuelas, estadios, cines, teatros y lugares de espectáculos y que ahora acaba de cumplir su doceavo mes desde que se impusieran en casi todo el mundo medidas de contención y mitigación, ha obligado a reevaluar el contrato social al interior de muchas naciones, en particular con la pregunta de cómo se debe asumir y repartir el riesgo entre ciudadanos, empresas y el Estado. El descontento social estaba aumentando antes de la pandemia: en 2019, menos de una de cada cinco personas en 26 países alrededor del mundo afirmaba que “el sistema” estaba beneficiándolos y la mitad dijo que estaba fallando, según el Barómetro de Confianza de Edelman.
Estamos atestiguando en este momento un movimiento pendular crucial con respecto a la responsabilidad de los gobiernos. Los paquetes de estímulo fiscal para confrontar los efectos económicos y sociales del Covid-19 a lo largo de este periodo no solo han hecho que las intervenciones gubernamentales de rescate ante la crisis financiera mundial de 2008-09 parezcan peccata minuta; podrían representar un parteaguas para las políticas públicas y el perfil y papel del Estado durante las próximas décadas.
La pandemia ha destruido los paradigmas y las viejas reglas sobre el gasto social que se impusieron con el arranque de la década de los 80 y los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que se convirtieron en punta de lanza de ese cambio de dirección.
Sin duda estos 12 meses han sido testigo de un experimento salvaje en el gasto social. El mundo lanzó al menos mil 600 nuevos programas de protección social en 2020. Los países ricos han gastado en promedio un 5.8% del PIB para ayudar a un número récord de trabajadores. Las deudas gubernamentales se están acumulando, pero hasta ahora las bajas tasas de interés significan que su servicio es barato. Tal audacia en las políticas públicas indudablemente conlleva peligros: los gobiernos podrían estirar las finanzas públicas al límite, sobrecalentar la economía, distorsionar incentivos y crear sociedades escleróticas. Pero también encierran la oportunidad de crear nuevas políticas de bienestar social. Y aquí no puedo dejar de apuntar la gran ironía que representa todo esto para México, con un gobierno que se auto-identifica como “progresista” pero que se ha negado sistemáticamente a articular programas de estímulo y rescate económico y social.
Hoy el paradigma parece ser más y mejor gobierno. Fue a muchos gobiernos democráticos y a organismos multilaterales en todo el mundo a los que les salieron las cosas peor de lo que la mayoría podría haber imaginado hace un año. Para encarar los enormes desafíos que se ciernen en las próximas décadas, incluido el cambio climático y el resurgimiento del autoritarismo, debemos tomarnos muy en serio las razones por las cuales Estados diversos, muchos de ellos democracias consolidadas, hicieron tan mal su trabajo. Si hemos aprendido una lección de la pandemia es que la mayoría de los Estados-nación en su actual encarnación no gobiernan bien a nivel global o local. Resolver estas crisis gemelas de gobernanza -y de la ineficacia e ilegitimidad que en muchos casos las ha acompañado- no será cosa fácil. Requiere de una reconcepción y reestructuración fundamentales de nuestras instituciones de gobierno así como del papel que el Estado debe jugar; un Estado más fuerte y más eficaz, pero que a la vez sepa delegar tantas funciones de gobernanza como sea posible en instituciones más cercanas a las personas a las que sirven y a las correas de transmisión entre ciudadanos y las políticas públicas. En un mundo con comunidades diversas con necesidades, deseos, culturas e historias diferentes, la subsidiariedad promete mejores resultados y una mejor legitimidad institucional. Pero es completamente posible (algunos dirían probable) que la sospecha mutua, el liderazgo incompetente, la polarización y contratos sociales quebrados, la ignorancia o la pura mala suerte se combinen para producir un futuro más pobre y más peligroso de lo que se podría haber construido pospandemia.
