Hace algunas administraciones se tomó la decisión de impulsar una denuncia contra el gobierno de Hidalgo por la alteración de la estructura del Cerro Redondo, para la construcción del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo estatal.

Una más por la remoción de matorral en el Cerro de Cubitos en donde se afectaban especies bajo alguna condición de protección de acuerdo a la NOM-059-Semarnat-2010, la que tiene “por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes”.

Por otro lado, la incesante remoción de flora para el desarrollo de conjuntos habitacionales y asentamientos humanos de tipo irregular se convirtió en un problema que se extiende en el tiempo, que pervive a pesar de las constantes denuncias de ciudadanos y organizaciones.

La capital del estado se ha convertido en un espacio en el que las áreas verdes se empiezan reducir, bien sea por el desarrollo urbano, por las obras públicas que impulsa el gobierno y que a la larga se ha traducido en una reducción drástica de arbolado en la ciudad. Muchas de las acciones realizadas por las administraciones del ejecutivo estatal, han pasado por alto algunos de los beneficios, intangibles, que las áreas verdes ofrecen para los habitantes de las ciudades.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido en reiteradas ocasiones que las áreas verdes representan una necesidad ineludible como mecanismo de elevación en la calidad de vida de las personas. Recomendación, que, por cierto, en Hidalgo ha pasado desapercibida de manera total.

Eso queda de manifiesto en la forma en que se han eliminado camellones para la instalación de infraestructura urbana o de servicios. Una ciudad que se pretende moderna, desarrollada pero que es incapaz de garantizar un espacio mínimo de 9 metros cuadrados por habitante para su esparcimiento y desarrollo.

Una ciudad que ha sido incapaz, frente a las decisiones del ejecutivo estatal, de tomar las riendas de su destino y desarrollo, amilanada y arrinconada frente a decisiones que la alejan de un verdadero futuro.

En aquella ocasión, se demostró que el gobierno había cometido una serie de irregularidades en torno a la construcción de la Secretaría de Seguridad Pública y fue sancionado; aquella ocasión, porque en muchas otras no valió de nada las marchas, la oposición a las obras, el señalamiento de posibles irregularidades, no, nada, el gobierno ha permanecido impertérrito, insensible frente a la ciudad y sus habitantes.

El cemento suple las áreas verdes e impulsa el uso indiscriminado el vehículo y promueve el crecimiento de la mala calidad del aire.

La ciudad necesita planificar, al lado de la infraestructura de servicios y comunicaciones, áreas verdes, pero necesita mirar a las áreas verdes con una mirada diferente, en función del beneficio a las personas y no solo como un elemento decorativo que puede removerse de manera imprevista.

Hablar, por ejemplo, de los corredores verdes, los que generalmente se constituyen por los camellones arbolados, de los cuales solo quedan algunos, los que son amenazados de manera constante por un supuesto desarrollo, un espejismo en medio de la pobreza que se amontona en los diversos lugares de la entidad.

Pachuca, necesita describir de manera clara un sistema de áreas verdes, sus características y su tipología. Necesita pensar en las personas que la habitan, construir las condiciones sociales y materiales que impulsen el mejoramiento en la calidad de vida.

Tiene frente a sí, la oportunidad cambiar la percepción de los parques urbanos y de las áreas verdes en general. Uno más de los múltiples retos que aquellos que aspiran a gobernar la ciudad, tendrán que enfrentar y sobre el cual no han pronunciado ninguna palabra.

Sin embargo, es importante, que más allá de los parques, hablemos de la ciudad y sus entornos, de sus relaciones intermunicipales y las responsabilidades ambientales que se han ido postergando por décadas.

Hablemos por ejemplo de los cerros que circundan la ciudad, los mismos que la impulsan a fortalecer sus relaciones con el resto de los municipios cercanos y construir estrategias que les permitan fortalecer los espacios de conservación y convivir con los servicios ambientales que ofrecen.

Los mismos que se han ido destruyendo al paso del tiempo y de las administraciones. Hay una serie de instrumentos de conservación que están ahí, un decreto que declara Zona Protectora Foresta a los cerros que circundan la ciudad de Pachuca. Decreto que puede abrir la posibilidad de planear el destino de estos en función del interés de las personas y no de unos cuantos.

Si un área verde es capaz de ofrecer a los habitantes de la ciudad diferentes beneficios, económicos, sociales y ambientales, un conjunto de áreas de conservación que envuelven a la ciudad pueden potenciar el sentido de bienestar de las personas.

Esa propuesta creció de la mano de investigadores y organizaciones, la Sociedad Ecologista Hidalguense, entre otras, desde hace algunos años y se ha mantenido frenada en las administraciones públicas.

Se trata no solo de recuperar el futuro ambiental en una ciudad devastada; se trata de construir la gobernanza ambiental de la misma, de vincularla a la agenda 2030, la que se convirtió en eje de acción de la administración actual en hidalgo.

Este, la agenda 2030, se convierte en el reto más grande de la administración municipal hacía, lo que algunos que dicen saber, llaman transición hacia la sostenibilidad. Algo que, en el caso de Hidalgo, ha sido tipificado de manera por demás incorrecta.

Hay otro instrumento, el artículo 27 constitucional, que permite regular la propiedad privada en función de interés público; sin embargo, esta es una de las discusiones que, en favor del bienestar de las personas, se ha eludido una y otra vez en la entidad, haciendo prevaler intereses de grupos y empresas por encima de los interese de quienes habitan la zona metropolitana entre Pachuca y Mineral de la Reforma.

Esto, reclama, sin lugar a dudas que los municipios modifiquen la forma en que se relacionan con los demás niveles de gobierno y los poderes de la Unión. Que hay en ellos profundos desarrollos institucionales en materia ambiental, pero, sobre todo, un crecimiento en la jerarquía institucional en materia ambiental.

Necesitan los municipios de Hidalgo, desprenderse de la supuesta tutela que el Ejecutivo estatal ejerce sobre ellos y les impide gobernar su destino económico, social, político y ambiental.