En alguna ocasión he escrito sobre los rellenos sanitarios, la totalidad de ellos no reúnen las mínimas características que les puedan ayudar a sostener la calidad de sanitarios. Sin embargo, son la opción que se les da a los municipios para la gestión de los residuos.

Se ha tratado de explicar de mil maneras, por parte de la autoridad, las bondades de este sistema de gestión de residuos y por qué deberíamos apostar a seguir usándolos, sobre todo, dicen, en favor de la gente.

Los rellenos sanitarios guardan una gran cantidad de sobresaltos, el primero de ellos es el costo de su apertura, mantenimiento, saneamiento y vigilancia. Proceso amplio que cuesta al erario, la mayoría de las veces a favor de algunos cuantos.

Pero, además, está catalogado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como un mecanismo de eliminación final de los desechos sólidos, aun cuando el concepto de eliminación no cabe en el supuesto del relleno sanitario, toda vez que estos se encuentra ahí, sepultados bajo una capa de tierra, lo que supone un riesgo permanente en la zona que se encuentra ubicado.

La Semarnat asegura que “no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo”. Supuesto que también valdría la pena considerar dudoso frente a las realidades ambientales de los rellenos sanitarios.

Establecer que no representan riesgos para la salud es negar la existencia de una serie de circunstancias que se presentan en los rellenos sanitarios: el fuego es uno de ello, en estos tiraderos, se generan gases, metano principalmente, lo que produce incendios y contaminación en las zonas aledañas al lugar.

Por otro lado, los rellenos sanitarios generan lixiviados, para los cuales, hasta la fecha, no existe una forma de control y tratamiento, de tal manera que estos se quedan en el lugar, retenidos por una geo membrana que, al estar en permanente riesgo de ruptura, amenazan al entorno con derrames y contaminación de pozos de agua y mantos acuíferos.

Sin embargo, los rellenos sanitarios son la única opción con que cuenta la Semarna; sin lugar a dudas que la habilidad es corta en el manejo de los residuos sólidos urbanos, lo que tiene un impacto negativo en los municipios, responsables finales de los riesgos que representan.

Aunado a ellos, se ha construido una cultura de enajenamiento de la responsabilidad municipal en la gestión de los residuos, que a la larga se traduce en un mal mayor. Concesionan los servicios de recolección y gestión, entregan a particulares la posibilidad de contar con espacios en los que se construyan los rellenos, invierten en la infraestructura inicial, pagan mensualmente por el uso del relleno y deben invertir en los procesos de remediación del sitio.

El ayuntamiento invierte demasiado en un esquema inútil para la gestión de los residuos y se vuelve incapaz de entender que sale perdiendo de principio a fin.

Hasta ahora, ningún ayuntamiento, al menos en el caso de Hidalgo, se ha manifestado en contra de esta práctica; de hecho, la han celebrado como una estrategia de gran calado. Por ignorancia, por oportunismo o, quizá, por esa actitud sumisa y autodenigrada frente a la autoridad local o federal.

El caso de la administración municipal de Pachuca es uno de esos botones de muestra. Una administración que adeuda 24 millones de pesos por actividades de remediación en celdas de un tiradero que es alquilado, es una administración que no tiene sentido de lo que hace al frente del municipio.

Veinticuatro millones por actividades de remediación, a eso le debemos de sumar los gastos de operación cotidiana del tiradero, la inversión en la apertura de las nuevas celdas de confinamiento y el pago de la renta mensual del mismo. Una pérdida de recursos, mejor dicho, recursos convertidos en basura de la manera más increíble, por decir lo menos.

Ahora, un Concejo Municipal conformado por ciudadanos deberá enfrentar una serie de errores de la anterior administración, no solo en el rubro de los desechos, sino en otros, en los que la calidad administrativa no estuvo presente.

Mientras los municipios sean incapaces de enfrentar a la autoridad ambiental federal y/o local en torno a la inutilidad de los rellenos sanitarios, estos seguirán pululando en el estado.

Mientras que no construyan una visión diferenciada en cuanto a la gestión de los residuos perderán, como lo han venido haciendo, recursos económicos que superan con facilidad, en el caso de la capital del estado, los 400 millones de pesos anuales, más el ahorro que significa no tener que promover la apertura de nuevos rellenos sanitarios.

Debe, sin lugar a dudas, existir otra manera de gestionar los residuos, está frente a los ojos de las alcaldías, en los centros de acopio y comercialización de desechos industriales, los mismos que han prosperado de la mano de los residuos que las empresas concesionarias de la basura no han logrado capturar.

El establecimiento de centros de acopio temporal en colonias de la ciudad y su envío a una planta de transferencia y comercialización le resultan más baratos que los 24 millones de pesos que por actividades de remediación invertirá en el relleno sanitario.

A parte de barato, le redituaría ganancias que le permitirían desprenderse un poco de la dependencia de los recursos estatales y federales para la realización de inversiones de carácter municipal.

Los incrédulos dirán; pero falta quien se los compré, claro, los mismos que se los compran a los recuperadores de residuos en la ciudad, esos y aquellos que a través de convenios de compraventa realicé la administración municipal.

Los municipios no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Quien ganaría más es la administración federal, al reconocer que los rellenos sanitarios ni son la mejor opción ni la menos riesgosa para la gente. Conocerían una nueva manera de entender la basura y su destino final, el que debe ser el reuso y el reciclado, en lugar del confinamiento final.

Eso abre la puerta para una cosa más, la eliminación de uno de los instrumentos más fallidos de la gestión ambiental mexicana la NOM-083-SEMARNAT-2003. Norma que al final del día abre la puerta para los grandes negocios de la basura, pero nunca para su gestión responsable por parte de los tres niveles de gobierno.

Mientras tanto, esperemos saber donde será el siguiente agujero en el que la incompetencia deposite, no solo los residuos sólidos municipales, sino también el futuro ambiental de la entidad.